Entre el rencor y el olvido

Todo es nuevo en Valdebernardo. El barrio madrileño, exponente del mayor fiasco cooperativista, el de la PSV, vale más ahora. La urbanización ha cambiado mucho desde que se empezaron a entregar en 1997 los primeros pisos de los 2.900 proyectados: hay dos colegios, metro, autobuses, peluquerías, bares y farmacias. Tras muchas manifestaciones y dolores de cabeza, los cooperativistas ya ocupan las viviendas que les habían prometido. Los ánimos se han calmado. Pero, a medida que se iba acercando el juicio que comienza hoy, algo se ha vuelto a mover en Valdebernardo.Todos los vecinos del barrio, situado en la zona este de Madrid, muy cerca de la autovía que lleva a Valencia, se conocen. No tienen más remedio. "Las desgracias unen", afirma Juan Antonio Monge, que fue presidente de la Asociación de Futuros Vecinos de Valdebernardo en los días de mayor tensión. Llegaron a ser 2.370 los asociados. Hoy son algunos menos, pero no han suprimido la palabra futuros de sus siglas -en el nombre oficial sí- aunque viven allí hace casi dos años. "Se ha mantenido para el recuerdo", dicen.

Los que estuvieron más implicados en la lucha para que les entregaran el piso por el que pagaron, cada uno, un adelanto de más de cinco millones de pesetas afrontan el juicio entre nerviosos y optimistas. Quieren olvidarse del escándalo de la PSV, pero tampoco van a permitir que la vista pase inadvertida.

"Yo me voy a plantar frente a la Audiencia Nacional para hacer presión, pero no seremos muchos", asegura Juan Antonio Herrandón, de 41 años; "la gente ha empezado a pasar de todo". La sensación que hay en el barrio es la de que, después de lo que han tenido que pasar, se ha conseguido el objetivo básico: un piso.

Muchos han tirado la toalla. Cuando los inquilinos empezaron a llegar, a goteo, en 1997, no había nada en Valdebernardo. Sólo bloques. Ahora tienen dos colegios, una parada de metro y tres líneas de autobuses. Los bajos destinados a comercios están casi todos ocupados. Los problemas del barrio son otros: inseguridad ciudadana y falta de plazas de colegio y de un centro de salud.

El fraude de la cooperativa PSV ha cambiado la vida de muchos vecinos. En el barrio se comentan casos de matrimonios que acabaron divorciados y gente que tuvo que recurrir a un psicólogo. Muchas parejas tuvieron que esperar años para tener hijos porque debían pagar un alquiler mientras esperaban su vivienda y el dinero no les llegaba. Elisa, por ejemplo, quería una casa mejor, pero no muy cara. "Mi familia es muy obrera", dice. Y se apuntó. Cuando por fin consiguió el piso, su vida había dado tantas vueltas que tuvo que cedérselo a su hija. Así que vive en el mismo sitio. "Me he tirado años cosiendo como una loca todas las noches para tener una casa digna para nada", se lamenta.

El mal trago que tuvo que pasar esta ama de casa de 61 años para conseguir una vivienda se puede aplicar a cientos de casos. Elisa se enteró de que una cooperativa de la UGT, cuyo secretario general era entonces Nicolás Redondo, ponía a la venta pisos. Pagó algo más de cinco millones de pesetas de adelanto. "Con el tiempo vimos que ponían muchas oficinas, pero que daban poca información", dice Isabel, de 48 años, miembro activo de la asociación de actuales vecinos.

Empezaron los rumores. Los cooperativistas afiliados a la UGT acogieron con excepticismo las advertencias de los desconfiados. Fue el caso de Juan Antonio Herrandón: "¿Cómo nos iba a hacer esto Nicolás?". Cuando la PSV presentó suspensión de pagos, quemó el carné.

Empezaron las manifestaciones, que fueron más intensas entre finales de 1993 y principios de 1994. "Nos pegaron muchos palos", cuenta Elisa, que ha estado en "esta lucha" desde el principio. Salió por la televisión, en los periódicos, pero ahora ya no quiere identificarse ni dar su apellido. "Ya no tengo ganas de nada", confiesa.

Los afectados están convencidos de que, si no hubieran armado tanto jaleo, nadie les habría hecho caso. Al final, tuvieron su piso, pero los 9,5 millones que iba a costar se convirtieron en más de 13. Admiten, sin embargo, que ahora el barrio se ha revalorizado y que hay vecinos que han vendido su vivienda por más de 20 millones. "Había carteles de se vende en las fachadas. Eso es ilegal [los propietarios de un piso subvencionado no pueden venderlo antes de los 10 años]. Pues que vengan los inspectores", dice Herrandón.

Después de tanto tiempo, el juicio empieza hoy. Hay un sentimiento común en el barrio: tienen la esperanza de que "sacarán algo", hay cierto optimismo, pero tampoco esperan mucho. "Nos lo tomamos con calma. Algunos están más nerviosos. Pero no se nota el agobio de aquellos días", comenta el ex presidente de la asociación.

Otros son menos optimistas, pero tienen claro que no volverán a repetir la experiencia. Isabel lo resume: "¿Comprarme un piso con una cooperativa? Sería lo último que haría. Muy desesperada tendría que estar".