Cooperativa PSV, acto final Hoy comienza el juicio por el fracaso del mayor proyecto de vivienda social en España

Nació en 1988, apoyado en la solidez del principal sindicato del país, la Unión General de Trabajadores (UGT), y se convirtió cinco años después en un escándalo de proporciones gigantescas. El proyecto IGS-PSV, de promoción social de viviendas, se hundió irremisiblemente en 1993 y llevó la desesperación a 20.000 familias que aspiraban a un piso digno a un precio asequible. Hoy se inicia en la Audiencia Nacional el macrojuicio para determinar quién fue el responsable del desastre. Un desastre que precipitó el final de la carrera del entonces secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, que abandonó su cargo en abril de 1994, en pleno escándalo, y que obligó a la centenaria organización a olvidar el sueño de convertirse en un sindicato a la alemana e hipotecar todo su prestigio y su patrimonio para reflotar el proyecto.La Fiscalía de la Audiencia solicita para los presuntos responsables de aquel fracaso ocho años y dos meses de prisión. Además, la UGT se enfrenta a la amenaza de una responsabilidad civil estimada en 18.587 millones de pesetas. Justamente la cantidad de dinero que, según el fiscal, se distrajo en las operaciones cruzadas entre la cooperativa PSV y su gestora, la IGS. Los siete imputados son Carlos Sotos Pulido, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y director de la PSV; Sebastián Reyna y Paulino Barrabés, ex responsables de finanzas de la UGT, y Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aína y Primitivo Álvaro, los administradores del proyecto.

Dos de los imputados, Sotos y Barrabés, ya conocieron los pasillos de la prisión por el caso. Sotos estuvo en la cárcel entre junio de 1994 y julio de 1995 y Barrabés, un histórico de la UGT y del PSOE, permaneció en ella durante dos semanas en julio de 1994.

Hasta finales de año

En el juicio, que previsiblemente se prolongará hasta finales de año, declararán varias personas que formaron parte de la ejecutiva de la UGT. Así, entre otros, lo harán como testigos Nicolás Redondo, José Antonio Saracíbar, Apolinar Rodríguez, José María Zufiaur, José Luis Daza, Manuel Fernández López y Miguel Ángel Ordóñez.

El clima en el que se desarrollará el juicio será, no obstante, muy distinto al que se registraba en 1994, cuando un día sí y otro también, los cooperativistas de la PSV expresaban su frustración por las calles de Madrid, encabezados por el combativo grupo de la promoción de Valdebernardo, e inundaban las redacciones de los medios de comunicación de cartas y llamadas desesperadas por la evaporación de sus ahorros.

El ambiente será ahora diferente porque, seis años después, una gestión correcta ha logrado que 12.385 cooperativistas dispongan de su vivienda, aunque hayan tenido que soportar una derrama (incremento sobre el precio previsto) del 7%. Quienes se borraron de la lista de la cooperativa, unas 7.000 personas, recibieron del Instituto de Crédito Oficial (ICO) tres cuartas partes del dinero que habían entregado, hasta un total de 9.283 millones de pesetas.

Quedan pendientes, sin embargo, las reclamaciones por los daños y los perjuicios sufridos por los cooperativistas durante los meses en que vieron peligrar su futuro y su dinero. En el sumario del caso PSV figuran como reclamantes 6.503 personas. El grupo más numeroso lo forman mil cooperativistas de la promoción de Valdebernardo, que en el juicio estarán representados por el abogado Joaquín Ruiz Jiménez. Aunque la mayor parte de los afectados, unos 5.800, han recibido su piso o su dinero, sus denuncias, por la vía penal, han seguido adelante.

Un cóctel peligroso

Perjudicados, testigos y responsables de la IGS explicarán sus respectivas versiones de lo que sucedió con el ambicioso proyecto entre 1988 y 1993. Pese a la espectacularidad del caso, prácticamente todas las partes aceptan una verdad común: nadie de IGS-PSV o de la UGT, aparentemente, metió la mano en la caja.

Lo dijo de manera gráfica, a finales de 1998, quien fuera responsable de finanzas del sindicato, Reyna: En el tema PSV, afirmó, "no hay cuentas en paraísos fiscales", algo en lo que, también aparentemente, coincidieron los administradores nombrados por la Administración, encabezados por Valeriano Gómez, abogado del Estado, tras la intervención de febrero de 1994.

¿Qué sucedió, entonces, en la PSV y en su gestora, la IGS? ¿Por qué suspendió pagos? La respuesta no es simple. Falló la gestión, fallaron los controles del principal accionista del proyecto -la UGT tenía el 47% de las acciones de la IGS-, se deterioró el contexto -la UGT y el Gobierno socialista se hallaban enfrentados- y se deterioró la confianza de las bases. Además, los gestores de la IGS mezclaron el proyecto social con el negocio puro y duro y, de paso, intentaron hacer favores al sindicato impulsor del mismo.

Así, la gestora IGS, dirigida por Sotos, compraba el suelo por toda España para construir viviendas de la PSV, pero al mismo tiempo adquiría terrenos para orquestar grandes operaciones inmobiliarias que, en pleno boom, podrían arrojar jugosos beneficios. De esta forma, la IGS alentaba la construcción de pisos baratos a la vez que promovía viviendas de lujo en Madrid, como la urbanización Bressel; diseñaba complejos urbanísticos en Mallorca, como Marina Calviá, o emprendía aventuras de imagen como la de la Esfera Armilar, en la capital de España.

En esos proyectos no estrictamente adscritos al proyecto cooperativo, la IGS comprometió cerca de 9.000 millones. A esas inversiones, discutibles, se unieron dos asuntos relacionados con el sindicato: la compra, en 1991, de varias sociedades ciento por ciento propiedad de la central y que no tenían sino pérdidas y un contrato por el que el sindicato percibía 80.000 pesetas por piso vendido en la PSV. Así, la IGS asumió la aseguradora Unial, la agencia de viajes Libertur y la empresa Tipografía Torreblanca. El coste del favor a la UGT, unos 4.000 millones.

El contrato firmado entre IGS-PSV y la UGT en julio de 1990, formalizado en un documento privado suscrito por Sotos y Barrabés, proporcionó a las arcas de la organización sindical, siempre necesitada de efectivo, más de 1.000 millones.

La mezcla de gestión discutible, huida hacia adelante y ausencia de control suficiente explica el colapso del proyecto en 1993 y el escándalo consiguiente hasta que el Gobierno decidió intervenir la cooperativa, en febrero de 1994.

El golpe de timón, la segregación de promociones para financiarlas de forma separada y el apoyo gubernamental dieron sus frutos en cuestión de meses. El ICO; las comunidades autónomas afectadas, especialmente Madrid y Andalucía, y las entidades financieras buscaron fórmulas de apoyo en forma de avales y créditos y los compromisos de la PSV, con derramas y quitas, han acabado por salir adelante.

Sólo el ICO y la Comunidad de Madrid habían aportado para apuntalar el proyecto, hasta febrero de 1999, 24.000 millones en avales y créditos. De esa cantidad, a final de año, la IGS y la PSV habrán devuelto, según fuentes de la actual administración, 17.000 millones.

Finalmente, según los actuales administradores, el fiasco PSV no costará ni un duro al Estado. Muy al contrario, los 204.672 millones de pesetas de negocio generado por el valor de todos los pisos construidos le ha proporcionado, como ingresos inducidos (tributos y otros impuestos) 29.814 millones, según un cálculo que los administradores de IGS-PSV califican de "conservador".