¿Nos lavamos las manos?
Una buena parte de la prensa escrita y radiofónica de Barcelona y Madrid acaba de protagonizar un gravísimo fiasco informativo. EL PAÍS, en concreto, publicó en las páginas de España, el pasado miércoles, este titular, a tres columnas: "Una joven queda tetrapléjica tras ser apaleada por unos cabezas rapadas".La brutalidad del enunciado basta, en esta ocasión, para que tome cuerpo un concepto tan deletéreo como la alarma social. Sobre todo porque varias emisoras de radio, especialmente en Cataluña, difundieron el suceso a lo largo del martes día 28 y al día siguiente ocupó la primera página de varios periódicos.
Al final no hay caso. Una larga serie de equívocos, sobreentendidos, medias verdades o incluso falsedades, por parte de la policía, se han diluido en la nada. Por fortuna, no existe ninguna joven tretrapléjica por causa de una agresión que se habría perpetrado a las seis de la tarde del 5 de febrero, en la plaza de Cataluña de Barcelona.
Contado así tomaría cuerpo la afirmación popular, excesivamente extendida y tan simplista, de que los periodistas inventan noticias.
Negar a estas alturas que, en algún momento, algunos periodistas han inventado algunas noticias sería pueril. Pero la realidad es mucho más complicada.
Una emisora de Barcelona propagó la noticia. Su gravedad obligó a todos los medios de la ciudad a recabar información de la policía. Y ahí comienza el enredo.
El Defensor ha podido leer un informe policial según el cual la jefatura de Barcelona no confirmó, en ningún momento, la agresión brutal y sus terribles resultados. Se habrían limitado a decir que se estaba investigando, a partir de la inquietud que los periodistas habían despertado en los investigadores, al tiempo que pedían colaboración ciudadana, ya que ellos no lograban un solo dato sobre la supuesta agresión.
Sin embargo, los testimonios que ha recogido el Defensor coinciden en señalar que la policía sí confirmó la noticia.
Puede haber matices, en el sentido de que la confirmación fuese rotunda o más o menos ambigua, pero lo cierto es que la policía dio pábulo a la noticia de que unos cuantos cabezas rapadas habían arruinado la vida de una joven en pleno centro de Barcelona.
El Defensor ha hablado con responsables de la emisora que divulgó la historia inicial, con periodistas del EL PAÍS que intervinieron en la elaboración de la noticia, y ha leído un recuadro, publicado el jueves en La Vanguardia, en el que el redactor que firmó la información asegura que se la confirmaron "no una, sino innumerables veces".
Parece claro que alguien en la policía pretendió pasarse de listo y aprovechar el asunto para informar de una amplia operación que estaba a punto de ponerse en marcha contra los cabezas rapadas en Barcelona.
Conviene que los lectores tengan algún dato más sobre este formidable galimatías.
La información llegó a la Redacción de EL PAÍS, en Barcelona, sobre las siete de la tarde del martes. La peor hora posible para hacer nada serio sobre algo tan complicado. Confusa, sin un solo dato sobre la identidad de la víctima o de sus agresores, pero con la atracción, periodísticamente fascinante, de un comportamiento despiadado y con los ingredientes sociológicos que rodean a los cabezas rapadas.
¿Algún periódico es capaz de guardar la información hasta llegar a conclusiones irrebatibles? Sería temerario contestar de forma rotunda, pero el Defensor piensa que, al menos en este país, resulta casi imposible. Sobre todo si la noticia se ha propagado por las emisoras de radio, con su atracción, en ocasiones fatídica.
Para colmo de males, y como otro dato que puede explicar el fiasco, conviene advertir que la noticia no perjudicaba a nadie: ni un solo dato sobre la víctima o sobre sus agresores, como mucho una genérica atribución a cabezas rapadas.
El Libro de estilo de EL PAÍS se abre con unos 'Principios' tan contundentes que dejan poco margen para la duda en su formulación.
"Los rumores no son noticia", dice, y señala que "el periodista transmite a los lectores noticias comprobadas y se abstiene de incluir en ellas sus opiniones personales. Cuando un hecho no haya sido verificado suficientemente, el redactor evitará en las noticias expresiones como 'al parecer', 'podría', 'no se descarta' o similares. Estas fórmulas sólo sirven para añadir hechos no contrastados o rumores", y concluye así este apartado: "En ese caso deberá aportar los datos ciertos que le inducen a creer que algo 'podría' ocurrir o que ha sucedido 'al parecer".
Así las cosas, el periódico publicó el viernes una información muy destacada, en las páginas de España, con un titular rotundo: "La policía de Barcelona inventó la agresión de los skins a una joven".
Lo mismo se decía en el texto. Al Defensor le parece excesivo e inexacto. Parece cierto que la policía propició el engaño de muchos informadores o, cuando menos, permitió conscientemente que engordase una bola inexistente. Cuando se percataron del tamaño reaccionaron con desmentidos. Ya era tarde.
Ayer, EL PAÍS publicó un editorial en el que las cosas eran más equilibradas. Se atacaba la postura policial, pero se admitía abiertamente que los informadores se dejan arrastrar con demasiada facilidad por fuentes policiales y judiciales.
El propio Libro de estilo establece que "la atribución de la noticia a una fuente no exime al periodista de la responsabilidad de haberla escrito". Ni, por extensión, al periódico de publicarla.
La dosis de autocrítica que contenía el editorial era muy alta: "Los informadores hemos incurrido también en una seria corrupción del oficio que tiene consecuencias autodestructivas para el periodismo y desmoralizadoras para la opinión pública".
Nadie era capaz de aclarar ni uno solo de los muchos detalles que se ofrecían en la primera información sobre el feroz ataque. Una relectura del Libro de estilo debió bastar para frenar la publicación.
Como mucho, debió quedar muy clara la insólita actitud de la policía, al confirmar un hecho tan ayuno de datos, tan radicalmente misterioso. Pero aceptar la confirmación policial, sin la menor advertencia al lector, para calificarla de "invento" 48 horas más tarde, queda lejos del rigor que un periódico debe a sus lectores.
Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.
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