Piqué advierte a las autonomías que se acabó el subsidio mínimo del Estado

El ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, advirtió ayer a las comunidades autónomas que tendrán que vivir de sus propios recursos al desaparecer los subsidios en el nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno en funciones y PP han trasladado a CiU esta propuesta en la comisión que trata de acordar las líneas generales del nuevo modelo de financiación autonómica que cerrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2001. La propuesta tiene gran repercusión para la Generalitat catalana, endeudada en 1,6 billones.

El logro de la mayoría absoluta, y la consiguiente desaparición de la presión de CiU, permitirá al Gobierno del Partido Popular llevar adelante uno de sus sueños en política autonómica: la reducción de la deuda de las comunidades autónomas, obligándoles a vivir exclusivamente de sus recursos con la eliminación de los subsidios.De hecho, el Gobierno en funciones y el PP están poniendo sobre la mesa, en las conversaciones que mantienen con CiU para obtener el apoyo de los nacionalistas catalanes a la investidura de José María Aznar, un nuevo modelo de financiación autonómica que pivotará sobre la cesión de los impuestos especiales y de mayores porcentajes del IRPF e IVA a las comunidades autónomas.

Sólo la cesión de los impuestos especiales -alcohol, tabaco y gasolina- supondrá un crecimiento global de los ingresos de las comunidades autónomas en 2,5 billones, un 15% de los ingresos del Estado en 1998. En esas condiciones, el Gobierno en funciones estima que debe exigirse a las comunidades autónomas la aplicación pura de la corresponsabilidad fiscal y que, por tanto, vivan de sus propios recursos.

La consecuencia inmediata de ello será, como ayer advirtió Piqué, la desaparición de los subsidios con que el Estado compensaba a las comunidades autónomas que se acogieron al modelo vigente de financiación autonómica -de cesión del 30% del IRPF, con capacidad normativa- para que no perdieran ingresos. La fórmula de subvención vigente a las comunidades autónomas consiste en garantizar a éstas, como mínimo, un crecimiento similar al del PIB.

El ministro portavoz aclaró ayer, al término del Consejo de Ministros, que las comunidades autónomas tendrán que asumir a partir de ahora compromisos de reducción de sus déficit para no poner en riesgo el Plan de Estabilidad de España en la Unión Monetaria. Este mensaje va dirigido especialmente a la Generalitat catalana, que presenta el mayor déficit autonómico con una deuda acumulada de más de1,6 billones de pesetas.

El mensaje del Gobierno en funciones a las comunidades autónomas, y al Ejecutivo que preside Jordi Pujol en particular, es que para compensar sus deudas haga uso de la capacidad normativa de la que ya disponen sobre el IRPF y que, en un futuro, acomoden sus gastos a los importantes ingresos que tendrán, una vez cedidos los impuestos especiales. Es la respuesta a la Generalitat catalana y a CiU, que en su programa electoral, reclamó al Gobierno 400.000 millones de pesetas para reducir su importante deuda.

Piqué insistió ayer en que el nuevo modelo de financiación autonómica se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las comunidades autónomas: tres gobernadas por nacionalistas, seis por los socialistas y ocho por los populares. Los debates se iniciarán en los próximos meses, ya que el nuevo modelo de financiación autonómica tendrá que ser aprobado antes del 31 de diciembre de 2001.

Por ello, el ministro portavoz aclaró ayer que en las conversaciones que durante estos días mantienen las delegaciones del PP y CiU "no puede cerrarse ningún acuerdo". Sólo se están adelantando "criterios generales" y "buscando terrenos comunes" porque "el nuevo modelo de financiación autonómica debe contar con el máximo consenso y, a poder ser, la unanimidad".

El Ejecutivo en funciones, según insistió ayer su portavoz, quiere lograr un nuevo modelo de financiación autonómica que cuente con el apoyo de las seis comunidades gobernadas por el PSOE y evitar que se repita lo sucedido con el anterior, que se pactó sólo con CiU y no ha sido aceptado por Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.