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El fiscal del 'caso Eva Blanco' apoya la prueba de ADN, pero más restringida

La Fiscalía de Madrid ha remitido un informe a la juez que investiga la violación y asesinato de la joven Eva Blanco en el que apoya que se practique, aunque con restricciones, la prueba del ADN a los vecinos de Algete que se han prestado a someterse a ella. La fiscalía quiere que, entre los 2.018 voluntarios, se seleccionen aquellos cuyas características se ajusten al teórico perfil del homicida.

El ministerio público ha tomado esta decisión tras analizar un informe del Instituto Nacional de Toxicología que juzga útil la ejecución de esta prueba como medio para tratar de identificar al autor de la violación y asesinato de la joven Eva Blanco, ocurrido en 1997.En el escrito remitido a la juez, el ministerio público subraya que los análisis no deben extenderse a la totalidad de los 2.018 vecinos del municipio que se han comprometido por escrito a que se les haga la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) con objeto de descartarse como sospechosos del crimen. Entiende el fiscal, según fuentes próximas a la familia de la víctima, que debe prefijarse una serie de criterios y seleccionar, de entre los 2.018 voluntarios, a aquellos que reúnan una serie de características -edad, proximidad al entorno familiar- que objetivamente faciliten la labor de los investigadores. Tales criterios, en opinión de la fiscalía, deben establecerlos el juzgado, las partes personadas en la causa y los investigadores de la Guardia Civil.

Este escrito del fiscal se produce después de que el Instituto Nacional de Toxicología remitiese, hace algo más de un mes, un informe al juzgado instructor -el número 4 de los de Torrejón de Ardoz- en el que este organismo consideraba útil para la investigación la práctica de estas pruebas. El juzgado, por su parte, requirió un informe a Toxicología, a petición de la Fiscalía de Madrid, antes de autorizar la realización de los análisis. "No nos opondremos [a las pruebas] si los peritos confirman que pueden contribuir a descubrir al asesino o, al menos, facilitar datos sobre sus características, edad, aspecto", indicaron a EL PAÍS el pasado diciembre fuentes cercanas al ministerio público.

En su informe, Toxicología confirma la validez de la prueba del ADN para descubrir la identidad del asesino de la joven Eva Blanco, de 16 años, violada y apuñalada el 19 de abril de 1997 en un descampado cercano a Algete. Lo expertos afirman que se puede identificar a una persona, casi con total precisión, a través de la prueba del ADN de un familiar en línea directa. La Guardia civil siempre ha sostenido que el autor de la violación y posterior asesinato de Eva Blanco podría ser un hombre del pueblo o de la comarca, lo que coloca bajo sospecha a todos los mayores de 16 años.

Para intentar acabar con la incertidumbre que gravita sobre el autor de este crimen, la llamada Comisión Eva Blanco pidió en noviembre pasado a los algeteños que se sometieran voluntariamente a la prueba del ADN para cotejar si su código genético correspondía con el del homicida. Los investigadores disponen del perfil genético del asesino, ya que hallaron restos de semen en la vagina del cadáver de la chica, encontrada cerca de una carretera.

Bastoncillo de algodón

El llamamiento a la ciudadanía también se vio respaldado por el alcalde de Algete, el socialista Jesús Herrera Fernández. Los voluntarios han dado su consentimiento por escrito para que, si la juez lo autoriza finalmente, se les extraiga, mediante un bastoncillo de algodón, una muestra de saliva que posteriormente sería analizada en los laboratorios de la Guardia Civil.

Esta iniciativa ciudadana ha suscitado, no obstante, una viva polémica sobre su legalidad. Diversos jueces y magistrados de Madrid consideran que la ejecución masiva de esta prueba, además de inútil, supone extender una sospecha generalizada sobre todas aquellas personas que, en el uso de su derecho, se nieguen a someterse voluntariamente a ella. Los jueces que se oponen a la práctica masiva de la prueba recuerdan que el artículo 311 de la Ley de Enjuicimiento Criminal señala que "el juez que instruya un sumario practicará las diligencias que le propongan el fiscal o cualesquiera de las partes si no las considera inútiles o perjudiciales".

En el informe que remitió la fiscalía el pasado diciembre al juzgado, se preguntaba a la juez por el coste de las pruebas, quién aportaría el dinero, quién la realizaría y cuánto tiempo se emplearía en su materialización. La Guardia Civil calcula que hacer la prueba del ADN a los 2.018 vecinos voluntarios costaría unos cien millones de pesetas.

El instituto armado manifestó entonces estar preparado para afrontar económica y técnicamente la ejecución de estas pruebas en su laboratorio de Criminalística. Un portavoz señaló que el dinero saldría de la partida extraordinaria que a fin de año recauda el Ministerio del Interior a través del cobro de las multas de tráfico. La Guardia Civil calculó que tardaría unos cuatro meses en hacer las 2.018 pruebas. Si la juez ordenase ahora la ejecución de esta prueba de acuerdo con la petición del fiscal, de una forma restringida, su coste sería lógicamente menos elevado, al ser menor el número de análisis a realizar.

La prueba de ADN permite identificar casi al cien por cien a un individuo, ya que los marcadores genéticos le hacen único e irrepetible. Tan sólo carece de validez en el caso de gemelos univitelinos.

Las pesquisas sobre el asesinato de Eva Blanco se hallan en punto muerto prácticamente desde el primer momento. No obstante, fuentes próximas al caso indican que la Guardia Civil ha abierto recientemente "varias vías de investigación", sin querer precisar más, con objeto de no desbaratar posibles pistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de marzo de 2000

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