Ríos Montt desafía a la jurisdicción española y anuncia su decisión de viajar pronto al extranjero
Dividida de nuevo Guatemala, Efraín Ríos Montt, ex dictador durante uno de los bienios (1982-83) más duros de la cruenta guerra padecida por este país durante 36 años, hoy presidente del Parlamento como hombre fuerte del partido de Gobierno, afirmó que no piensa suspender un viaje oficial a Francia y EEUU. Ignorará, dijo, por improcedente, la decisión de un juez español de aceptar a trámite la querella por genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra tres ex presidentes y cinco ex jefes militares.
El general retirado Ríos Montt, líder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), es uno de los ocho imputados. "Sólo le temo a Dios (...) Les estoy anunciando que probablemente viaje a Estados Unidos vía Francia", declaró el reo, un cristiano pentecostal de 73 años que gobernó Guatemala después de participar en un golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García (1978-1982). El eventual viaje, cuya fecha no precisó, y que la lógica anticipa que no se efectuará, sería el primero en cinco años, según los registros de la Dirección General de Migraciones. El viaje sería un riesgo para Ríos Montt, ya que Menchú reiteró ayer su intención de pedir una orden internacional de captura contra él y el resto de los inculpados.El Ejecutivo, por su parte, reaccionó con cautela, al menos públicamente, pero contrariado en sus reuniones internas, según las fuentes consultadas, dispuesto a dar la batalla para impedir que prospere un proceso que incorpora una nueva preocupación al mandato de Alfonso Portillo, ganador en diciembre pasado de las elecciones.
Ríos Montt, que goza de inmunidad como presidente del Congreso, y sobre quien pesan los cargos de haber aplicado una política de tierra arrasada en la represión de la guerrilla, compareció ante la prensa sin aparentes preocupaciones, denunciando politización. "No me atañe", manifestó al ser preguntado por la prensa acerca del proceso incoado en su contra en España. "Que yo esté nombrado [en la denuncia] no significa que me atañe, a mí no me afecta".
La Audiencia Nacional no le parece la instancia adecuada. "Nosotros tenemos el criterio de que los delitos que se suponen nacionales tienen que ser juzgados en un tribunal nacional, y los delitos internacionales en tribunales internacionales". ¿Cómo le afecta la decisión como presidente del Congreso? "Yo nada, yo nada. Serán los otros tribunales los que dispongan. Yo sigo trabajando". "General, ¿tuvo usted alguna relación con los hechos que se mencionan en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional?", inquirió una informadora. "No, señor fiscal", respondió con sorna.
El grueso de la prensa escrita destacó en portada la decisión del juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, sin apenas comentarla, y las cadenas de televisión y radio también se hicieron eco de una iniciativa que aplauden los deudos de los 200.000 muertos o desaparecidos y critican aquellos guatemaltecos, en clase media y alta fundamentalmente, convencidos de que con ella la frágil e imperfecta democracia guatemalteca corre grave peligro, y puede verse afectada la cooperación con España.
Los grupos de derechos humanos, movilizados otra vez, subrayan que no es posible construir un Estado de derecho sustentado en la impunidad de quienes bárbaramente lo vulneraron. Los analistas moderados piden no hurgar en las profundas heridas causadas por el conflicto concluido en 1996, no intentar sentar en el banquillo al Ejército, una institución que cierra filas ante las imputaciones, porque el empeño es inútil y aparejará más daños que beneficios.
"Ella sabrá por qué lo hizo"
Juan Francisco Reyes López, vicepresidente de esta República de 11 millones de habitantes, la gran mayoría indígena o mestiza, no ocultó su irritación al comentar el paso dado por Ruiz Polanco. "Como abogado sé que el derecho de petición y la presunción de inocencia son inherentes a todos los ciudadanos. Quien plantea una demanda debe aportar las pruebas. No hacerlo implica consecuencias y responsabilidades legales". Carlos García Regás, procurador general (fiscal), nada entusiasmado, dijo respetar la decisión de Menchú de acudir a un tribunal extranjero. "Ella sabrá por qué lo hizo".
Julio Arango, procurador de los Derechos Humanos, un cargo de carácter estatal, sostiene que la demanda es procedente. "No se puede hablar de soberanía cuando se trata de derechos humanos". La instrucción de los casos se efectuará probablemente entre choques políticos porque, como primera medida, los activistas de derechos humanos preparan los trámites para eliminar la inmunidad del general Ríos Montt.
