Una funcionaria de la Diputación de Cádiz desvía 40 millones del PER

La comisión de gobierno de la Diputación de Cádiz decidió ayer remitir al fiscal un informe interno, practicado por sus servicios económicos, que eleva hasta 40 millones de pesetas los fondos del AEPSA desviados a cuentas corrientes familiares por T.B.V., la funcionaria encargada de la gestión del antiguo PER. La administrativa denunciada ya fue expedientada la semana pasada, cuando en una primera estimación se cifró en cinco millones la cantidad supuestamente desviada.

Fue el interventor de la institución provincial el que observó que dos de las nóminas del AEPSA que se pagaron a finales de 1999 no cuadraban. Ante la falta de explicaciones convincentes por parte de la responsable del servicio, comenzó una investigación específica que ha permitido desmantelar el sistema del que se valía T.B.V. para apropiarse supuestamente de fondos desde agosto de 1995, cuando accedió a esa plaza de la Diputación.Durante estos años y de modo regular, T.B.V. pagaba cinco nóminas en cuentas corrientes de familiares suyos, que no guardaban relación ni con el programa de ayudas agrarias ni con el organismo provincial. Los desvíos alcanzaban una media de entre siete y diez millones de pesetas al año, exceptuando 1998, que registró un desvío menor de fondos porque la funcionaria estuvo cuatro meses de baja por maternidad.

Los servicios económicos de la Diputación no detectaron el fraude al elaborar la funcionaria dos relaciones de pagos. La primera se correspondía con las cantidades reales que percibían los trabajadores del programa. La segunda, que se remitía al interventor, llevaba sumadas cantidades adicionales a los ingresos de cada beneficiario, un monto global que coincidía con el dinero que T.B.V. desviaba hacia las cuentas de las que después se beneficiaba. De ese modo, las personas adscritas al AEPSA recibían una nómina en la que se correspondía el asiento con el ingreso e Intervención tenía en su poder una relación en la que también eran coincidentes las cantidades globales que se pagaban por el AEPSA con la suma del ingreso a los beneficiarios del mismo.

La funcionaria, aunque ha devuelto esta semana 11,7 millones de pesetas, ha podido cometer dos presuntos delitos de falsificación de documento y apropiación indebida. Hace un año, otro funcionario fue apartado del servicio por falsificar certificaciones de obras. No obstante, el delegado de Personal, Francisco González Cabañas (PSOE), no cree que hayan fallado los controles internos en la Diputación. "Al contrario, la detección del caso confirma que estamos en el buen camino, ajustando los mecanismos de control". González recordó que en la Diputación trabajan 1.600 empleados "y sería injusto trasladar esa imagen, porque son casos muy aislados".

A la vez que la fiscalía recibe el caso, el expediente administrativo interno culminará posiblemente con la expulsión de la funcionaria. "La naturaleza del presunto desvío de fondos es tan importante como para que el expediente disciplinario tenga un resultado contundente", dijo ayer el delegado de Personal.