Las faltas contra los menores pueden acarrear multas de hasta cien millones de pesetas si son muy graves

El anteproyecto de ley del Menor recoge los derechos fundamentales de la población infantil y adolescente, así como sus derechos en los ámbitos de la salud, la educación, la cultura, el tiempo libre, el medio ambiente, el espacio urbano, la participación social y la integración social, implicando en la aplicación de la ley a todas las administraciones públicas y a las entidades privadas que participan en estos ámbitos.Infracciones. El anteproyecto marca tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Las leves son aquellas que incumplen los derechos de los niños, aunque sin causarles perjuicios sensibles. Por ejemplo, que los padres o tutores no gestionen plaza en un centro escolar Este tipo de faltas pueden acarrear multas de hasta medio millón de pesetas. Una infracción grave sería que los progenitores impidieran la escolarización del pequeño, mientras que una catalogada como muy grave sería la reincidencia en alguna de las anteriores o en una de la que se desprendiera un daño de imposible reparación en los derechos de los niños y adoslescentes. Las multas en este tipo de casos podrán ir desde los cinco hasta los cien millones de pesetas.

Adopción. Las familias que acojan a un menor tendrán que cumplir como requisitos mínimos el disponer de una vida estable y medios económicos suficientes, aceptar la relación con la familia de origen y no existir episodios que impliquen riesgo para el menor. El procedimiento de adopción es el mismo que se recoge en las leyes estatales y en ningún caso se aceptará la adopción de más de dos niños, salvo que sean hermanos.

Centros de internamiento. El anteproyecto prevé que la administración elabore un estatuto para los centros de internamiento en el que se establezcan aquellos derechos y obligaciones de los adolescentes internados. La ley consolida la creación de unos órganos de intervención interterritorial en el caso de menores infractores, como comisiones de valoración y orientación en el ámbito de las diputaciones que actuarán coordinadamente con el Gobierno.