El anteproyecto de ley del Menor prevé crear un grupo policial especifico para jóvenes delincuentes

El anteproyecto de ley del Menor elaborado por el Departamento de Justicia prevé la creación de una unidad en la Ertzaintza especializada en la atención a jóvenes infractores. La viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno está ultimando el anteproyecto de una ley que servirá para regular la protección de los niños y adolescentes, sus derechos y los mecanismos de atención en situaciones de riesgo o desamparo. El borrador también especifica las sanciones a aplicar en caso de faltas cometidas contra menores de edad, que pueden llegar hasta los cien millones de pesetas.

El Departamento está dando los últimos retoques para ajustar la normativa vasca, que se denominará Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, a la Ley del Menor del Estado, aprobada a finales del año pasado y que es legislación básica y, por lo tanto, por encima de la autonómica.El anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso este periódico, no se conforma con desarrollar las competencias con las que cuenta la comunidad autónoma, las relacionadas con el acogimiento, la protección de los menores infractores y de los que están en situación de desamparo, sino que ha optado por una concepción de la ley muy amplia. Así, entra a regular todo lo que son derechos de los menores (algunos de ellos básicos, que están en la normativa estatal y reconocidos internacionalmente en las convenciones internacionales), como los sanitarios, educativos, protección ante los medios de comunicación y ante los contenidos televisión.

Uno de los apartados del anteproyecto se dedica a la distribución competencial y formaliza la tan esperada clarificación del conflicto que con relación a la asunción de responsabilidades en materia de ejecución de las medidas socioeducativas acordadas por los jueces de menores existe entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales.

Centro de internamiento

El documento especifica que el Departamento de Justicia es el único competente para la ejecución de estas medidas judiciales, para elaborar normativas que regulen los centros que intervienen en el ámbito de la atención a los infractores menores de edad y en la planificación de actuaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes de este tipo. De esta forma, el Gobierno asume la competencia con rango de ley de algo que hasta ahora lo hacía de manera implícita ante el vacío legal existente. Por su parte, las diputaciones se encargarán de poner los medios materiales para la ejecución de las medidas (centros) y de tareas de prevención.

Para cuando se apruebe la ley, seguramente ya estará en funcionamiento el único centro de internamiento de menores infractores que existe en Euskadi, en Zumarraga, cuya inauguración estaba prevista para este año. Un informe del Ararteko de 1997 sobre la situación de los menores ya demandaba este centro. En la actualidad existen centros de acogida o reinserción de menores en régimen semiabierto, pero no de internamiento cerrado.

Entre las novedades del anteproyecto se encuentra la de crear una sección especializada dentro de la Ertzaintza para atender a menores infractores que cuente con "agentes especialmente dotados por su formación, personalidad y carácter para atender a personas menores de edad". Según el borrador, esta unidad podrá funcionar por turnos de guardia que garanticen la localización de los agentes cuando el caso lo precise, sin que sea necesario establecer un sistema de presencia permanente.

Además, el documento también prevé la creación de un servicio especializado en el seno del Departamento de Justicia para la ejecución de las medidas judiciales impuestas a los infractores que no cumplen la edad penal. Su trabajo consistirá, además de en ejecutar las medidas, en asesorar técnicamente a la policía y coordinar la actuación de los equipos de psicólogos y educadores sociales que apoyan a los jueces y fiscales de menores.

El borrador recoge un capítulo dedicado a la protección de los niños de los abusos de la publicidad, los medios de comunicación e informáticos. Así, el anteproyecto prohibe la venta a niños y adolescentes de publicaciones con contenido violento, pornográfico o que inciten a la violencia. La misma limitación se aplica a los vídeos y videojuegos. Las televisiones y las radios tendrán que respetar unos horarios para emitir programas inadecuados para los más pequeños. En cuanto a la publicidad, el documento resalta que los anuncios deben ser comprensibles para los niños y no incitar a la violencia.