El Parlamento tacha de "abusiva" la prórroga de la A-68 y pide al Gobierno central que la anule

El pleno del Parlamento vasco censuró ayer el acuerdo entre el Gobierno central y Autopista Vasco Aragonesa, en virtud del cual los peajes de la A-68 (Bilbao Zaragoza) se ha reducido un 32,5% a cambio de prorrogar la concesión 15 años. PNV, EA, PSE, IU y UA transaccionaron una proposición no de ley en la que califican la decisión de "abusiva" porque supone un "perjuicio" para los usuarios y un "cuantioso beneficio" para la empresa explotadora. El PP se quedó solo en la defensa de la prolongación de la concesión, mientras Euskal Herritarrok se abstuvo.

La proposición aprobada también insta al Consejo de Ministros a que declare la nulidad de la prórroga, por ser "contraria a los intereses generales de la comunidad autónoma" y anima al Gobierno vasco a que recurra judicialmente el acuerdo en si no hay marcha atrás. Desde que el pasado 4 de febrero trascendiera la ampliación de la concesión (de 2011 a 2026), las instituciones vascas afectadas, excepto la Diputación de Álava, gobernada por el PP, se han pronunciado en contra de la medida.El parlamentario del PSE José Antonio Maturana, autor de la proposición original que propició el texto finalmente acordado, resaltó que el Consejo de Ministros actuó de "tapadillo, en campaña [electoral] y de manera desconsiderada para los usuarios, sin explicar a la opinión pública las ventajas y los beneficios que va a obtener la empresa explotadora. "Los ciudadanos vascos no tienen por qué pagar por una infraestructura ya amortizada en beneficio de una empresa privada", criticó.

Falta de lealtad

Juan María Juaristi, del PNV, destacó que las negociaciones que permitieron el acuerdo del Consejo de Ministros se realizaron de espaldas a las diputaciones de Álava y Vizcaya, por cuyo territorio discurre parcialmente la autopista, a las que el Estatuto de Gernika atribuye la competencia en materia de carreteras. "Tras veinte años, el Estatuto sigue sin completarse en esta materia por la falta de voluntad política del PP, que está más prepotente que nunca", dijo.

El representante de EA, Yon Goikoetxea, acusó al Gobierno central de "falta de lealtad" por no informar ni consultar previamente a las instituciones vascas. "Ha desarrollado [el Gobierno central] una actuación malintencionada que ha dado la espalda a las diputaciones y al Gobierno vasco", lamentó.

El parlamentario del Partido Popular Gonzalo Machín tuvo que emplear toda su intervención en rebatir las críticas que le llovieron desde todos los flancos de la Cámara, excepto desde los bancos de Euskal Herritarrok, cuyos parlamentarios no participaron en el debate. "Acusan al PP de tomar una decisión en campaña, pero lo cierto es que ningún partido criticó la decisión durante la etapa electoral, porque saben que supone una rebaja muy importante en lo que tienen que pagar los usuarios por peajes", se defendió el parlamentario popular. En esta línea, Machín recordó que la anulación de la prórroga conllevaría la eliminación de la reducción del peaje y, por lo tanto, un "perjuicio económico muy sensible" para los conductores que utilizan esta vía de circulación.

Con la resolución parlamentaria de ayer, el Ejecutivo foral alavés es el único que no va a promover ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros. El Gabinete de Ramón Rabanera ha justificado esta postura en un informe de los servicios jurídicos de la Diputación que determina que no "procede" impulsar el procedimiento legal.

La Diputación de Vizcaya, por su parte, ya ha formalizado el recurso ante el Supremo solicitando la anulación de la prórroga por no consultar previamente a la institución foral, una de las partes interesadas, con lo que habría incumplido un trámite "preceptivo". Lo que no ha solicitado es la suspensión cautelar del acuerdo, que en el caso de ser aceptada provocaría volver a las tarifas anteriores a la rebaja.

Mientras, el Gobierno vasco se encuentra a la espera de que el Ejecutivo central responda al requerimiento que ya le ha enviado reclamando la suspensión del acuerdo. En caso de no obtener respuesta, recurriría al Tribunal Supremo. El plazo para presentar el recurso no vence hasta el próximo 10 de abril, justo cuando se cumplan dos meses desde la publicación del real decreto del Consejo de Ministros en el Boletín Oficial del Estado.