Pujol reconoce que la Mina sigue siendo "la espina de la Generalitat"

Este mes de abril se cumplirán dos años desde la presentación del Plan de Transformación Global del barrio de la Mina, suscrito por el Ayuntamiento de Sant Adrià y el Departamento de Bienestar Social. Pero el proyecto sigue prácticamente paralizado. Ayer, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, visitó el barrio y tampoco concretó cuándo se aplicará el plan. Pujol tuvo que reconocer que la Mina "es una espina que la Generalitat tiene clavada, porque su reforma sigue pendiente".

El plan de la Mina contempla dos líneas de actuación para eliminar la desestructuración del barrio: reforma urbanística e intervención social. En el terreno social, se pretenden llevar a cabo actuaciones de inserción laboral y formación, así como programas especiales para los colectivos en riesgo. El tercer pilar del proyecto es el aumento de la policía en el barrio para terminar con las redes de delincuencia y con los comportamientos incívicos de parte de la población. Desarrollar todas estas actuaciones costará, según se anunció en 1998, unos 14.000 millones de pesetas.El alcalde de Sant Adrià, el socialista Jesús María Canga, advirtió ayer que sería necesario revisar esa cifra al alza. Por tanto, será inevitable buscar inversiones de todas las administraciones: local, autonómica, estatal y europea.

Para la ejecución del proyecto ya nadie habla de plazos. En 1998 se fijó en 10 años el tiempo necesario para transformar el barrio. Pero los primeros dos han pasado casi en blanco. En este tiempo, lo único que se ha realizado ha sido la comisaría de policía. Este equipamiento empezó a funcionar hace unos meses y en él trabajan conjuntamente el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local. Pero este despliegue policial sigue siendo insuficiente.

Para tutelar todo el plan de transformación debe constituirse el Consorcio de la Mina, un ente formado por el Ayuntamiento de Sant Adrià y la Generalitat, abierto a la participación del Estado y de otras administraciones, como la Diputación de Barcelona. Éste es el retraso fundamental que ha impedido el desarrollo de todo el proyecto.

En noviembre de 1999, el Ayuntamiento de Sant Adrià y el entonces consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, firmaron un convenio que ratificaba las buenas intenciones y la vigencia del plan acordado en abril de 1998. Comas aseguró que había que esperar a la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat para ahondar en detalles sobre la aplicación del plan, pero las inconcreciones son las mismas y el Gobierno central no ha decidido aún si participará o no en el consorcio, con lo cual la firma de este protocolo sigue sin tener fecha.