Fujimori, acusado de falsificar firmas para promover su reelección

Buenos Aires El diario El Comercio de Lima publicó hace dos semanas un documentado trabajo de investigación periodística en el que denunciaba la existencia de una "fábrica" de falsificación de firmas para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones de uno de los grupos que integran la alianza oficialista Perú 2000, que postula la candidatura del actual presidente, Alberto Fujimori. Necesitaba 600.000 firmas, y la falsificación alcanzó el millón, según el diario. La fábrica funcionó entre octubre y noviembre de 1999 y trabajó con fotocopias de los registros de votación de las elecciones municipales de 1998, de las que obtenían las firmas que luego eran falsificadas.

La reelección contra viento y marea se ha convertido en el caballo de batalla de un número creciente de líderes políticos latinoamericanos. La obtuvo Fernando Henrique Cardoso cuando enmendó la Constitución de Brasil y se convirtió en el primer presidente de su país que quedó habilitado para un segundo mandato. Lo intentó hasta el último momento Carlos Menem, que finalmente tuvo que tirar la toalla ante abrumadores impedimentos legales. Y está a punto de alcanzarla Alberto Fujimori en Perú, quien, gracias a una interpretación de la Constitución de dudosa legalidad, se presenta en los comicios del próximo 9 de abril para un tercer mandato consecutivo.La Carta Magna peruana es tajante al permitir dos periodos presidenciales sin interrupción, pero el Gobierno de Fujimori hizo aprobar en 1996 una ley de interpretación de la Constitución según la cual hay que empezar la cuenta después del primer mandato. Los jueces que objetaron la ley fueron convenientemente destituidos por el presidente.

Cuando creía que el camino hacia la re-reelección estaba libre, Fujimori ha tropezado con obstáculos inesperados en la recta final de la campaña de un proceso electoral que el Departamento de Estado sigue con gran desconfianza y que un legislador estadounidense ha llegado a calificar de golpe de Estado a cámara lenta. La última encuesta atribuye a Fujimori el 39% de la intención de voto, seguido del académico y líder de Perú Posible, Alejandro Toledo (25%); Alberto Andrade, alcalde de Lima (10%), y Luis Castañeda, antiguo colaborador de Fujimori (6%).

La denuncia de El Comercio relacionaba con esta operación a Óscar Medelius, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, miembro del partido en el Gobierno, abogado y estrechamente vinculado al jefe del servicio de inteligencia y asesor del presidente de la República, Vladimiro Montesinos. También aparecía el nombre de Absalón Vázquez, ex ministro de Agricultura y número uno de la lista que postula a Fujimori para el Congreso. Se trata de un dirigente con gran predicamento entre los sectores campesinos, de gran importancia a la hora de cosechar votos.

Testigos ocultos

El Comercio aseguró que había testigos que podían certificar la falsificación de firmas, pero no los identificó. Sí se supo que prestaron declaración ante el Defensor del Pueblo, que remitió la información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que a su vez la entregó a la Fiscalía de la Nación, estrechamente controlada por los servicios de inteligencia. Numerosas maniobras políticas en las que ha estado comprometido el Gobierno han sido realizadas a través de la fiscalía. Blanca Nélida Colan, fiscal de la Nación, defendió públicamente a Montesinos.

El principal testigo de la falsificación resultó ser Carlos Rodríguez Iglesias, un obrero de 23 años. La prensa oficialista desató una feroz campaña en su contra, calificándolo de hampón, asesino y homosexual. Para evitar males mayores, Rodríguez y su hermana Marita abandonaron Perú y viajaron a Costa Rica. Durante 10 días ninguno de los acusados hizo declaración alguna. El Gobierno estaba paralizado mientras los medios de comunicación afines al poder seguían con sus ataques a El Comercio y los testigos.

Fujimori se detuvo en las encuestas mientras subía el porcentaje del principal candidato opositor, Alejandro Toledo. Era un motivo suficiente para que el presidente saliera a hablar. Negó que el Gobierno estuviera detrás de cualquier campaña contra la libertad de prensa.

El Comercio puso a prueba la voluntad democrática del presidente y publicó al día siguiente la segunda parte de su investigación, en la que identificó a la segunda testigo de la falsificación de firmas, Erika Martínez, estudiante de Derecho. Declaró abiertamente que el jefe de la oficina electoral de Arequipa (segunda ciudad de Perú), Rubén Calderón, era el coordinador de la falsificación. El miércoles pasado los dos testigos aparecieron públicamente en un acto celebrado en Lima que contó con el respaldo de la Conferencia Episcopal, el Colegio de Abogados, el Centro Carter, la Comisión Andina de Juristas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Todos los participantes dieron su apoyo a los testigos, exigieron al Gobierno garantías para sus vidas, una efectiva investigación de la denuncia y una sanción ejemplar para los responsables.

La respuesta no se hizo esperar. Fujimori dijo solemnemente que nadie tenía que temer por sus vidas, Rubén Calderón fue destituido y el Frente Independiente Perú al 2000, la agrupación que falsificó las firmas y que aportaba un tercio de los candidatos de la alianza de Fujimori, anunció la retirada de las elecciones. Dos importantes figuras del oficialismo, Daniel Chuan, secretario de la agrupación, y Óscar Medelius, presentaron su dimisión irrevocable. Un serio revés para los planes del presidente.

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