El fiscal acusa de imprudencia por la caída de la grúa que mató a dos jóvenes Imputa a la empresa y al operario en el juicio de mañana en Bilbao

El fiscal acusa de un delito de imprudencia a la empresa instaladora y al operario de la grúa que el pasado 27 de diciembre mató, al desplomarse, a dos jóvenes en Bilbao, en el juicio de faltas que se celebrará mañana en el Juzgado de Instrucción número 7. Los abogados de las familias de las víctimas acusan además a la constructora de las viviendas donde estaba instalada la grúa. Un informe del Gobierno vasco concluye que la máquina "no se encontraba en las condiciones establecidas como fuera de servicio".

El 27 de diciembre pasado uno de los mayores vendavales de los últimos años azotó el País Vasco. Los vientos alcanzaron rachas de hasta 170 kilómetros por hora. La normalidad no se recuperó hasta dos días después. Pero, para entonces, la lluvia y el viento habían dejado tras de sí tres muertos y decenas de heridos.Dos de los fallecidos esa jornada fueron Francisco Javier Estévez y Aitor Ruiz Etxegoien, ambos de 17 años y amigos. A las 18.30 de esa fecha, la grúa instalada en la calle Dolores Ibarruri de Bilbao, junto a la plaza de Amezola, y que no había sido utilizada desde hacia unos diez días, según aseguró el gruista a la Ertzaintza, "volcó completamente, incluso la base junto al lastre y los raíles de apoyo". En el informe que sobre el siniestro realizó el Departamento de Industria se hace constar que las ráfagas de viento que se produjeron en el lugar y el día del accidente "pudieron ser superiores a las establecidas para las condiciones de cálculo de estabilidad de la grúa, que, teóricamente, deben de aguantar vientos de 160 kilómetros por hora". Mediciones realizadas por el Servicio de Meteorología del Gobierno vasco señalan que en su estación del monte Oiz las rachas máximas fueron de 171 kómetros a las 19.20 horas.

En su desplome, la parte superior de la grúa aplastó a los dos adolescentes cuando caminaban por la confluencia de las calles Dolores Ibarruri y Santiago Brouard, según el estudio de los peritos. Los dos amigos habían salido minutos antes de sus respectivos domicilios en el barrio de Rekalde. Además, la grúa destrozó tres vehículos aparcados. En el juicio se sentarán tres personas en el banquillo de los acusados. A la acusción del fiscal contra el operario encargado de la grúa y contra el responsable de la empresa instaladora, Arlan, SA, se añade la dirigida por los abogados de las familias de las víctimas contra la constructora Vizcaína de Contrataciones.

El juicio se celebrará después de que hayan fracasado los intentos de conseguir un acuerdo económico entre los representantes legales de las familias de los fallecidos y las empresas implicadas. Las acusaciones particulares solicitarán una indemnización económica que supere "ampliamente" la cantidad establecida para estos casos, que se sitúa entre los 14 y 15 millones de pesetas. Las defensas estiman que el accidente se produjo por "causa mayor" y no se pudo impedir, por lo que rechazan la petición. El operario de la grúa reconoció ante la Ertzaintza que no tomó medidas precautorias al tener conocimiento de la posibilidad de temporal, ya que la máquina "estaba en veleta", es decir, con el gancho atrás y desconectada para que se orientara según la dirección del viento. Sin embargo, el informe de Industria concluye que el sistema de puesta en veleta "no había sido accionado" y que se encontraba en las condiciones establecidas como "fuera de servicio".