Coto privado

El Gobierno resolvió ayer, a dos días de las elecciones generales, un paquete de concursos de radio digital y telecomunicaciones que ha querido presentar como un salto en la liberalización del sector. Los procedimientos seguidos están más cerca del caciquismo del siglo XIX que de la era digital en la que nos hemos adentrado. Es imposible encontrar en la Europa democrática un Gobierno que tome medidas de tal envergadura a 48 horas de unas elecciones generales y por el expeditivo método de favorecer a sus amigos. Sólo el escándalo público ha hecho que Fomento retrasara por unos días -¿cuántos?- las licencias para la tercera generación de telefonía móvil, mientras la Bolsa era un festín para los especuladores. Una mínima sensatez obligaba a distanciar estas concesiones entre sí y en cualquier caso a separarlas de las elecciones.Así, la renovación de las licencias de televisión privada, simple medida administrativa que lleva aparejada la condición de desarrollar la televisión digital terrestre, podía haberse decidido hace meses, despejando incertidumbres y evitando, en plena campaña electoral, condicionar a las cadenas privadas pendientes de su renovación. Que un Gobierno terminal anuncie que va a conceder dos licencias más de televisión digital terrestre en abierto es un ejercicio sobreañadido de prepotencia. Aumentará así la oferta, pero a la luz de estos antecedentes es improbable que aumente el pluralismo.

El lanzamiento de la radio digital, también decidido ayer, se hace de espaldas a los operadores y al mercado. Atendidas las solicitudes de las cadenas más importantes, el Gobierno ha aplicado al resto el criterio técnico de premiar a los amigos. Mención especial merece el diario El Mundo, que en un solo día se ha visto favorecido con una concesión de radio digital, cuando ni siquiera ha puesto en marcha las frecuencias convencionales que el PP le concedió hace meses, y una de las tres licencias más codiciadas de telefonía local de banda ancha por radio (WLL), aquellas que permiten la circulación de voz, datos e imágenes.

Entre los escándalos que han rodeado este concurso de telefonía inalámbrica está el retraso de dos meses en la concesión, con el estrambote de que el presidente de la mesa de contratación se pasara a una de las empresas licitadoras. Ayer, último día de campaña, Fomento publicó en el BOE las concesiones. Más allá de consideraciones técnicas o de experiencia, el Gobierno ha valorado los servicios prestados. Lejos de un concurso sometido a reglas, hemos asistido a una rifa trucada por un Gobierno que maneja las telecomunicaciones como un coto privado de caza. No es difícil anticipar que el asunto llegará a los tribunales.