Pensión de Toledo
Hay siete millones de pensionistas, es decir, de electores, en un censo de 34 millones. Ni el Pacto de Toledo ni las exhortaciones del profesor Barea van a impedir que el tema vuelva a ocupar un lugar central en la disputa electoral. Almunia ofreció el domingo una paga de 28.000 pesetas a los perceptores de pensiones mínimas, y el establecimiento de una tasa especial a las empresas privatizadas para destinar su importe al fondo de reserva de la Seguridad Social. Los portavoces del PP han descalificado esas iniciativas, al tiempo que Aznar presentaba su oferta de subida de pensiones y del fondo de reserva. Suena incoherente.Aznar ha dicho que lo suyo son propuestas serias, y lo de Almunia, ocurrencias "sacadas de la chistera deprisa y corriendo". El jefe de campaña del PP, el ministro Rajoy, ha añadido que la oferta socialista carece de credibilidad por proceder "de un ministro que propició una reforma para bajar las pensiones". Se puede criticar la paga prometida por Almunia, pero no parece una improvisación: fue una propuesta parlamentaria que el PSOE presentó el año pasado y que el PP rechazó. En su día, también los populares habían votado contra la revalorización automática, argumentando que resultaba "insostenible". Y, tras el escándalo que organizaron por la subida de las pensiones no contributivas en Andalucía, el Gobierno pactó con los sindicatos subir las pensiones mínimas por encima del IPC.
En cuanto a la reforma impulsada por Almunia hace 15 años, alguien que entonces era dirigente del partido de Aznar, el ex ministro Fernando Suárez, publicó meses atrás un artículo en el que decía encontrar "cierta hipocresía" en las críticas de los dirigentes actuales del PP a Almunia, siendo así que en 1985 habían defendido "ir mucho más lejos en los recortes de lo que la ley socialista proponía".
El profesor José Barea dijo ayer que ningún partido está respetando el Pacto de Toledo porque todos incumplen el compromiso de sacar las pensiones de la batalla electoral y porque plantean propuestas que comprometen el futuro de la Seguridad Social. Es evidente que lleva razón en lo primero, aunque se trata de un compromiso harto discutible. En lo segundo, no tanto. El acuerdo no implica renunciar a ciertas mejoras si la situación económica lo permite. En septiembre, los socialistas reprocharon al Gobierno haber incumplido las recomendaciones del Pacto relativas al reforzamiento del principio de solidaridad. Concretamente aludían a la posibilidad de elevar la edad máxima para percibir las pensiones de orfandad y a la mejora de las de viudedad: justamente las dos medidas que ayer anunció Aznar, lo que equivale a reconocer que tenían razón los socialistas.
La propuesta de destinar a la Seguridad Social una tasa por los beneficios extraordinarios de las compañías privatizadas plantea problemas legales, pero no puede negarse que se inscribe en la lógica de garantizar un fondo de reserva para los años malos. Se ha citado el antecedente británico, pero tal vez sea más ilustrativo el del impuesto propuesto en 1916 por Santiago Alba para gravar los beneficios extraordinarios obtenidos con ocasión de la Primera Guerra Mundial.
