División en el Gobierno de Italia por la autorización de una 'madre de alquiler

La sentencia de la magistrada romana Chiara Schettini, que autorizó el lunes a una pareja con problemas de esterilidad a utilizar un útero prestado para procrear un hijo, amenaza con convertirse en un caso político en Italia donde existe todavía un vacío legal sobre el tema. Médicos y políticos han reaccionado, no obstante, con enorme dureza contra una decisión judicial que ha provocado divisiones en el seno del Gobierno de centro-izquierda y enérgico rechazo de L'Osservatore Romano, órgano de prensa del Vaticano, que ayer calificó la sentencia de "aberrante". El Forum de la Familia pidió ayer la intervención del fiscal de la República para bloquear la sentencia.La sentencia se refiere al caso de una pareja que recurrió en noviembre pasado a los tribunales civiles para obtener el respaldo legal a su decisión de tener un hijo gestado en el útero de una amiga.

La madre de alquiler, en este caso no lo será, porque la joven que se ha ofrecido cederá gratuitamente sus servicios: nueve meses de gestación. Un detalle que ha sido juzgado positivamente por la ministra de Cultura, Giovanna Melandri, miembro del principal partido del Gobierno, los Demócratas de Izquierda, y una de las pocas voces que se han alzado en Italia en defensa de la sentencia.

Dentro del Gobierno varias colegas de Melandri, empezando por la ministra de Sanidad, Rosy Bindi, profundamente católica, se han pronunciado en contra del intervencionismo de la justicia en una materia tan delicada.

Lo más extraño del caso es que la pareja F, como la denomina parte de la prensa italiana, no necesitaba ninguna sentencia para llevar adelante su proyecto, ya que en Italia no existe una ley de fecundación artificial en vigor. Existe un texto, muy restrictivo, que prohibirá, cuando lo apruebe el Parlamento, la fecundación heteróloga (es decir, el uso de semen de un hombre ajeno a la pareja), y condenará a penas de entre cinco y diez años a los médicos que se atrevan a implantar embriones en úteros por decirlo así, prestados.

Los protagonistas de la historia han aclarado que el recurso se presentó para salvar el único obstáculo para ver realizados sus deseos. El representado por un nuevo Código Deontológico que obliga al médico de la pareja, el ginecólogo Pasquale Bilotta, a no realizar intervenciones como la que ellos pretenden. Con la sentencia judicial, Bilotta se siente respaldado y ha anunciado ya que efectuará la intervención dentro de un par de meses.

Frente a ello se ha creado un comité del no a las madres de alquiler -obra de un asesor regionaldel partido de derecha Alianza Nacional.