La Audiencia Nacional condena a Defensa por el arresto de un guardia civil

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Defensa a indemnizar a un guardia civil del sector de Tráfico de Valencia, M. A. M. P., que sufrió 14 días de arresto domiciliario tras ser acusado por sus mandos de una "falta leve por indiscreciones". El tribunal reconoce que el arresto le ha causado al agente daños morales que le obligaron a estar en tratamiento psiquiátrico y condena al ministerio a abonarle una indemnización de 140.000 pesetas.

El arresto domiciliario de este guardia segundo, destinado en el interior de la provincia de Valencia, se produjo entre el 29 de mayo y el 11 de junio de 1995. Sus mandos le consideraron autor de una "falta leve por indiscreciones en materia de obligada reserva" porque cuando recibió un escrito "de carácter reservado" en el que le notificaban que le habían impuesto una sanción anterior, "no adoptó la cautela necesaria para evitar su trascendencia a la prensa". O sea: le acusan de no impedir que su esposa denunciara ante los medios de comunicación la primera sanción que le impusieron.El 20 de julio, cuando el agente ya había cumplido el arresto, el teniente coronel jefe de la Agrupación de Tráfico valenciana aceptó el recurso que interpuso y anuló la sanción porque ni siquiera constaba un relato de los hechos, tal como ordena la ley disciplinaria del cuerpo.

El asesor jurídico de la Asociación de Guardias Civiles Coproper 6-J y letrado del agente sancionado, acudió a los tribunales alegando que el arresto le provocó a su cliente un estado de ansiedad que necesitó tratamiento psiquiátrico. El letrado reclamó al Estado una indemnización de 1.000.000 de pesetas por daños y perjuicios de índole moral.

La Audiencia Nacional entiende que todos los particulares tienen el derecho constitucional a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo causa de fuerza mayor, cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Coproper-6J denuncia el "abuso" que se hace en el cuerpo de este tipo de sanciones (más de 5.000 en 1998) y se queja de que el régimen disciplinario de la Guardia Civil exime de responsabilidad a los mandos cuando imponen arrestos injustos.