Impuestos a subasta

José María Aznar concretó ayer las líneas básicas -las de mayor gancho electoral- de la rebaja de impuestos directos que lleva destilando gota a gota en los últimos días. Mientras no explique el contexto en el que la quiere aplicar, todavía habrá que cargarla a beneficio de una campaña en la que todos prometen de todo. La reforma consiste, en esencia, en lo siguiente: reducción de todos los tipos del IRPF (dos puntos el máximo y tres el mínimo), aumento de las deducciones por hijos y familiares, aumento de las reducciones en la base de la renta de trabajo de 600.000 pesetas para rentas de hasta 1,8 millones de pesetas y un recorte superior para mayores de 65 años y la creación de una nueva modalidad de plan de pensiones familiar, que eleva el límite de la aportación desde 1,1 hasta 1,5 millones. Reiteró también la supresión del impuesto de actividades económicas para las pequeñas y medianas empresas con beneficios inferiores a tres millones de pesetas anuales y la aplicación de un tipo reducido del 30% en el impuesto sobre sociedades a los primeros 20 millones de beneficios para empresas que facturen menos de 500 millones de pesetas. Todo ello por el módico coste del 8% de la recaudación total, es decir, unos 400.000 millones: un coste asumible... si realmente es tan bajo.Nada hay que objetar a que un Gobierno baje los impuestos; lo están haciendo Ejecutivos europeos de todo signo ideológico dentro del debate sobre cómo repartir los excedentes obtenidos por el crecimiento económico. Menos aún a que la rebaja favorezca a las rentas más bajas. Sin embargo, produce cierta inquietud que esta reducción se convierta en una subasta electoral de inciertas consecuencias. La experiencia de los cuatro años de gobierno del PP ha sido ambigua: ha bajado el IRPF, pero no cabe decir que se haya reducido globalmente la imposición. Un ejercicio de transparencia exige al menos que, al mismo tiempo que se prometen menos impuestos directos, se explique si se van a tocar impuestos indirectos para compensar la pérdida de recaudación o se fía todo al crecimiento de la economía.

Faltan otras explicaciones para asumir esta propuesta: cómo se hará compatible una reducción de ingresos con el Plan de Estabilidad aprobado ayer en Bruselas -que prevé un superávit fiscal del 0,1% del PIB en el año 2002-, en el caso de que el crecimiento económico (que hasta ahora ha compensado sobradamente la reducción pasada del IRPF) se reduzca o cambie la fase del ciclo. Y a la vez, con el aumento de la inversión en infraestructuras que requiere todavía, y de forma muy urgente, nuestro país. También debería explicar el presidente cómo se va a obtener la armonización fiscal con Europa en asuntos como la ecotasa y la imposición del capital, algo que está pendiente.

Los ciudadanos tienen derecho a valorar las propuestas impositivas conociendo sus efectos a corto y medio plazo y sus consecuencias para el conjunto de la economía. Juega con ventaja quien no ofrezca una propuesta integrada, que incluya no sólo los tributos que se ahorrarán los contribuyentes, sino los gastos y renuncias coherentes con la pérdida de ingresos. Pero la iniciativa del PP ha tenido al menos una virtud: despertar a la izquierda de su letargo en materia fiscal. También ella tiene que detallar su modelo fiscal.