Aznar promete bajar el IRPF de 2 a 3 puntos y el PSOE replica que ganarán los especuladores

José María Aznar desarrolló al fin ayer el nuevo modelo fiscal que pretende aplicar si gana las elecciones. El candidato del PP detalló su reforma de los principales impuestos, y especialmente del más relevante, el de la renta de las personas físicas. Prometió que si el 12-M vence, bajará dos puntos el tipo máximo del IRPF (lo dejará en el 46%) y tres el mínimo (quedará en el 15%), y ajustará en esa línea la progresividad de los otros cuatro tramos. Aznar vaticinó que así se llegará a un ahorro fiscal medio del 8% y a una reducción efectiva del 28% en el impuesto de la renta del 67% de los contribuyentes. Para los socialistas, la reforma es "injusta, regresiva, improvisada y electoralista" y beneficiará "a los más ricos y a los especuladores".

La esperada reforma fiscal que llevará a cabo el PP en la próxima legislatura en el caso de que gane las elecciones del 12 de marzo se concretó finalmente ayer. El tipo máximo del IRPF quedará fijado, según estos planes, en el 46%, dos puntos menos que ahora, y el mínimo en el 15%, tres menos. Aumentarán 100.000 pesetas las reducciones por hijos y para los contribuyentes mayores de 65 años. Los trabajadores con ingresos inferiores a 1,8 millones tendrán una reducción de 600.000 pesetas."Quien cree que se puede comprar la voluntad de un ciudadano por bajarle 2.000 pesetas al año los impuestos es que no conoce la capacidad democrática, la ilusión de vivir, la pasión por la igualdad y la visión de futuro que tiene la gente en este país", replicó el líder del PSOE, Joaquín Almunia.

El secretario de Economía del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray, añadió elementos a la crítica. La reforma que vende el PP es "injusta, regresiva, improvisada y electoralista, y beneficiará, sobre todo, a los más ricos y a los especuladores". Es, añadió, "una cortina de humo que pretende ocultar el escándalo de los 80.000 millones de pesetas que perciben los amigos de Aznar a costa del patrimonio público privatizado".

El anuncio de la reforma impositiva del PP fue efectuado ayer en Madrid por Aznar en un acto en el que previamente expuso sus logros en la legislatura recién terminada. El jefe del Ejecutivo abogó por exportar a toda Europa antes de 2010 -eso sí, "sin vedetismos personales"- la "receta" que él ha aplicado en España. Un modelo de recuperación económica que sintetizó en crecimientos superiores al 3% por cuarto año consecutivo, la entrada en el euro en 16 meses y una bajada media del 11% de los impuestos que él no ve nada "casual" sino fruto de las medidas aplicadas por el Gobierno del PP. Actuaciones que, en su criterio, han traído "el más amplio ciclo de expansión de los vividos desde los años sesenta".

Todos esos autoelogios, esbozados en el preámbulo de su exposición de 37 minutos y 17 folios ante el Colegio de Economistas le sirvieron para remachar otro objetivo. Advirtió de que este proceso optimista y empachado de buenos augurios que él dibuja para España "es reversible" y podría sufrir "retrocesos" si su partido no siguiera gobernando. Porque los que propugnan una alternativa a su política, los socialistas, ya se sabe lo que hicieron: "desperdiciar su ocasión" por poner en práctica "un diseño político pernicioso" del gasto público.

Aunque Aznar precisó bastantes aspectos de su propuesta fiscal, no pasó de las generalidades en su oferta sobre el modelo de financiación autonómica. Insistió en que las comunidades autónomas deben implicarse más en la "corresponsabilidad", es decir en la recaudación de impuestos, para justificar su cada vez más elevada capacidad de gasto. "Las comunidades deben depender en menor medida de las transferencias del Estado y más de la recaudación de los tributos que se les cedan", dijo Aznar, aunque no determinó si aumentará la cesión del IRPF (ahora el 30%).

Hizo también un severo aviso a los ayuntamientos, para quienes anunció "una reforma seria y de calado" en su sistema de financiación. "Debemos evitar que las necesidades crecientes de financiación [de los ayuntamientos] repercutan en el coste del suelo", explicó. El objetivo es abaratar el precio de la vivienda.

Embarcado en la apología del éxito macroeconómico de España bajo su mandato, Aznar encontró el recoveco para atacar la gestión de los gobiernos socialistas del pasado. Primero recordó que "nuestro país ha desperdiciado otras ocasiones decisivas" y constató que entre 1986 y 1990, a pesar de crecer por encima del 4% y de generarse mucho empleo, "la expansión no vino acompañada de las políticas adecuadas". Comentó que en 1989 el déficit público llegó a un mínimo del 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB), pero porque "gran parte de esa reducción se debía al aumento de la recaudación". Y apuntó que el gasto público se enfrascó en una "espiral de crecimiento hasta situarse en el 43% del PIB en 1990".

Aznar incidió por esa vía en que todavía hoy no se han olvidado los intentos de los Ejecutivos socialistas por "contrarrestar el carácter expansivo de la política fiscal con una política monetaria de sesgo fuertemente contractivo" cuyo resultado llevó en 1990 a alcanzar "a altos tipos de interés" con un máximo cercano al 15%, muy por encima de otros países europeos. Y sentenció: "Este diseño político fue doblemente pernicioso". Y destacó que sobre todo lo fue para el paro, con una tasa que llegó al 25%.

"En abierta contraposición", Aznar tachó la "fase expansiva" promovida por el PP como "un proyecto económico saludable basado en la consolidación fiscal"; con reducción del déficit público de forma continua desde el 7,1% del PIB en 1995 hasta el 1,1% en 1999; con una disminución de más de tres puntos del gasto público; con la creación de 1.800.000 nuevos empleos; y con una "política fiscal rigurosa" que "infundó confianza a los mercados".

Aznar no se recató y tildó todas esas medidas bajo su mandato como algo "que empieza a ser historia". En especial, la reducción del déficit público, que se ha situado en el 1,1% del PIB el pasado año. Su intención ahora es alcanzar el superávit presupuestario en 2002 y rebajar el peso del gasto público hasta el 39,5% del PIB en 2003. Condiciones previas, aclaró, a la reforma anunciada.

Ya en las promesas, abordó al fin la segunda reforma del IRPF, su promesa estrella para estas elecciones. Desveló que el tipo máximo el IRPF se fijaría, si gana, en el 46%, desde el 48% actual y el 56% anterior. Y ell mínimo quedaría en el 15%, frente al 18% actual y el 20% anterior.

Reducciones por hijos

Se mantendría el actual esquema de reducciones del IRPF, que se aplicarían en la base del impuesto en lugar de en la cuota. Aunque aumentaría la reducción por hijos. Hasta ahora, la reducción por el primer y segundo hijo es de 200.000 pesetas por cada uno, que se elevan a 250.000 en el caso de que tengan menos de tres años. Para el tercer hijo y sucesivos, la reducción es de 300.000 pesetas, que se elevan a 350.000 si tienen menos de 3 años. Según la propuesta del PP, por el primer hijo se seguirían reduciendo 200.000 pesetas, pero se elevarían a 350.000 en el caso de que tuvieran menos de tres años. Por el segundo y sucesivos, la reducción sería de 300.000 pesetas cada uno, o de 450.000 si tuviesen menos de tres años.

También se incrementaría la reducción por rentas del trabajo, que sería de 600.000 pesetas para aquellos cuyos ingresos no superen los 1,8 millones de pesetas.

El ahorro fiscal para los contribuyentes sería del 8%, según Aznar, lo que supondría cerca de 400.000 millones de pesetas. La reforma que entró en vigor el pasado año ha supuesto una rebaja del 11,1%, según los cálculos iniciales, con un coste para Hacienda superior a 700.000 millones de pesetas.

Aznar apostó por una profundización de las liberalizaciones y privatizaciones y por "un mercado de trabajo más flexible". Se atrevió a afirmar que su Gobierno rebajó "la propensión al dirigismo y al subsidio", que sólo ve "típicas" del pasado. En clara alusión a la alianza entre el BBVA y Telefónica, añadió: "Sería de ciegos que el Gobierno interfiriera en las decisiones empresariales". Sí tiene, por el contrario, una responsabilidad indeclinable de supervisión y vigilancia en favor de los intereses de ciudadanos y consumidores.