El Gobierno bajó el IRPF en la legislatura, pero aumentó 1,5 puntos la presión fiscal global

El compromiso de reducir la presión fiscal, es decir, lo que suponen los impuestos y las cotizaciones sociales en relación al PIB, no es nuevo para el Gobierno del PP. Ya se anunció en las anteriores elecciones de 1996, pero desde entonces hasta 1998 la presión fiscal ha aumentado 1,5 puntos del PIB. Ahora, el presidente del Gobierno, José María Aznar, anuncia que su "segunda revolución fiscal" permitirá reducir la presión fiscal en 0,3 puntos del PIB entre 2001 y 2003. La propuesta del PSOE es mantener el actual IRPF, aunque con un reparto más favorable para las rentas inferiores.

A falta de ver los efectos del nuevo IRPF que entró en vigor el pasado año, el compromiso electoral del PP para las elecciones del 12 de marzo es, otra vez, bajar la presión fiscal. Así figura en el nuevo Plan de Estabilidad (1999-2003), que ayer recibió el visto bueno de la Comisión Europea, donde se fija que la presión fiscal se reducirá tres décimas del PIB entre 2001 y 2003.La presión fiscal mide la parte de la riqueza generada por la economía que va a parar a las arcas públicas para financiar los gastos. Según los criterios de la OCDE, únicos que permiten comparaciones homogéneas con los demás países, la presión fiscal es la suma de los impuestos directos e indirectos más las cotizaciones sociales en relación al PIB.

Esa parte que se quedan las Administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) alcanzó en el año 1998 el 34,2% del PIB, frente al 32,7% en 1996. Los resultados correspondientes a 1999 se harán públicos bien avanzado el 2000. Hoy el Gobierno dará a conocer el cierre de 1999 para España, en lo que a ingresos, gastos y déficit se refiere.

No siempre el aumento de la presión fiscal se corresponde con elevaciones de los tipos impositivos. De hecho, tanto el IRPF como el IVA se han mantenido invariables durante los tres primeros años de la pasada legislatura. El IRPF se ha reformado en 1999, pero hasta hoy no se conocerá cómo ha evolucionado su recaudación en ese ejercicio en términos de contabilidad nacional.

Nuevos impuestos

El aumento de la presión fiscal en ese periodo se corresponde con una intensa creación de empleo, lo que ha elevado los ingresos por cotizaciones sociales, a unas tasas en torno al 7%, casi un punto por encima del crecimiento económico nominal (sin descontar la inflación).

Pero, sobre todo, se ha debido a incrementos de la recaudación de impuestos directos e indirectos. En los primeros (IRPF y sociedades) se han mantenido las tarifas pero se han aplicado nuevas retenciones (sobre alquiler de pisos), se cobró un gravamen extraordinario a las empresas que revalorizaron activos y se hicieron importantes ingresos por plusvalías de privatizaciones.

Además, se implantó un nuevo impuesto sobre el recibo de la luz y se elevó dos puntos el impuesto sobre primas de seguros. El IVA tampoco fue modificado en sus tipos, pero consiguió altos crecimientos por el aumento del consumo privado, las importaciones, y el afloramiento de economía sumergida.

El resultado es ese crecimiento en 1,5 puntos en la presión fiscal durante esos años, pese a que el programa electoral del PP y el Plan de Estabilidad que el Gobierno entregó a Bruselas como garantía de cumplimiento de los requisitos del euro comprometían un descenso.

Desde el PSOE se ha criticado el incumplimiento del programa electoral del PP de 1996 en este aspecto y su compromiso es no incrementar la carga fiscal. Respecto del IRPF, los socialistas aseguran que no variarán la tarifa hasta ahora vigente (con un tipo máximo del 48% y un mínimo del 20%), aunque sí modificarán el actual sistema de deducciones.

Las nuevas deducciones que propone el PSOE pasarán a aplicarse en la cuota del impuesto en lugar de en la base. El argumento es que cuanto más alta es la renta, el sistema actual de deducciones en base es más beneficioso. También modificarán el tratamiento fiscal de las plusvalías, de manera que no tributen a un tipo fijo (20%), sino a la escala general cuando se generen en más de dos años.

UGT y CCOO criticaron ayer la reforma fiscal anunciada por el presidente del Gobierno, José María Aznar, porque beneficiará a las rentas más altas y perjudicará a las más bajas, y acusaron al Ejecutivo de trasladar la presión fiscal a los impuestos indirectos, que afectan por igual al bolsillo de todos los ciudadanos, independientemente de que ganen más o menos.Para el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig, "asistimos de nuevo a la presentación de una reforma fiscal bajo una capa claramente engañosa hacia los ciudadanos de este país, diciendo que va a ser una reforma que baja los impuestos y simplifica la presentación de la declaración de la renta. Raya la tomadura de pelo", aseguró.

Puig recordó, en rueda de prensa, que la anterior reforma fiscal ha sido "injusta y desequilibrada", al favorecer a las rentas más altas, y ni ha bajado los impuestos ni ha simplificado nada. Además, denunció que la información "caótica y confusa" que está mandando el Gobierno puede llevar a que los trabajadores a los que se les ha retenido de más no pidan la devolución, al decirles "engañosamente" que no tienen que presentar la declaración.

Por su parte, UGT consideró en un comunicado que la reforma que anuncia Aznar es "un castillo de fuegos artificiales: llamativa a efectos de imagen, pero explosiva para las rentas salariales, que han perdido peso en el reparto de la tarta nacional, merced a una subida de casi dos puntos de PIB, desde 1995, de los impuestos indirectos, lo que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos".

La central que lidera Cándido Méndez denuncia asimismo que la política fiscal que está llevando a cabo el Gobierno ha desequilibrado aún más el reparto de la riqueza en nuestro país en detrimento del Estado de bienestar.