El reparto de alumnos inmigrantes en las escuelas de Girona enfrenta a los padres con Enseñanza

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC) en Girona ha amenazado a la delegación de Enseñanza con retirarse de las comisiones de matriculación si en los próximos días no se definen los criterios de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, en su mayoría inmigrantes con problemas de integración. Los padres mantienen que las delegaciones territoriales disponen este curso de mayor poder de decisión y pretenden que se ejerza para evitar que determinadas escuelas se conviertan en guetos.

Los padres de alumnos reclaman que se les informe de antemano respecto a los criterios de escolarización para decidir su postura en cada área de matriculación. "Hemos advertido a Enseñanza de que si no tenemos noticia del tratamiento que se dará desde Girona a la integración del alumnado con dificultades para seguir el ritmo normal de las clases, no tendremos fundamento para asistir a las comisiones de matriculación", aseguró ayer Josep Anguera, vicepresidente de la FAPAC. "Una cosa es tener un papel minoritario en esas comisiones y otra muy distinta es que no se nos haga el más mínimo caso", lamentó Anguera. La FAPAC reclama un reparto del alumnado con dificultades especiales, eufemismo bajo el que se engloba a los hijos de inmigrantes, en todos los centros públicos y privados concertados. Anguera explicó: "En la práctica se está originando un proceso cada vez mayor de concentración de este alumnado, tanto en el momento inicial de la matriculación como en las incorporaciones más tardías".

El conflicto del alumnado inmigrante en Girona se produce a causa de la concentración de la población extranjera en barrios suburbiales con viviendas a precios más asequibles. Las escuelas de estas zonas concentran la mayor parte del alumnado inmigrante.

"La gran excusa"

El vicepresidente de la FAPAC admitió que quizá algunas familias no admitirán que sus hijos deban ser escolarizados en centros escolares más alejados de sus residencias, pero advirtió que ésta constituye "la gran excusa" para que otros centros docentes, en su mayoría privados concertados, no colaboren tan a fondo en la tarea integradora.

Los representantes de los padres y madres de alumnos aseguran que no es aconsejable que los guetos urbanísticos tengan continuidad en las escuelas. En su opinión, la redistribución del alumnado inmigrante supone una inmediata mejora, tanto en el aprendizaje de los contenidos como en la integración social. La FAPAC reclama que cada centro docente pueda ver cubiertas las dos plazas por aula que el Departamento de Enseñanza ha reservado para el alumnado con necesidades especiales. Hay muchas aulas de Girona que no han cubierto estas dos vacantes.

La concentración superior al 25% de alumnado inmigrante en un mismo centro, que en alguna ocasión llega a ser de casi el 50%, genera, en opinión de la FAPAC, una dinámica "perversa" que acaba derivando en que algunos padres de alumnos autóctonos decidan escolarizar a sus hijos en escuelas con menores tasas de inmigrantes.

Los padres de alumnos reclaman también del Departamento de Enseñanza que se cree una oficina única de matriculación que distribuya la población escolar entre todos los centros docentes de la zona metropolitana de Girona. Esta medida contribuiría a quitar presión a muchas escuelas.

La delegación de Enseñanza en Girona ya se ha comprometido a que el reparto de los alumnos con dificultades de integración se realice con un mayor equilibrio del que ha caracterizado épocas pasadas. La medida de mantener abiertas durante todo el curso las comisiones de matriculación tiene como objetivo insistir en este aspecto, puesto que hay un gran número de alumnos inmigrantes que se incorporan a medio curso, especialmente después de las Navidades, cuando por ley se producen los reagrupamientos familiares.

La nueva consejera, Carme Laura Gil, ya ha anunciado medidas en este sentido, si bien se niega a cambiar el decreto de matriculación y se muestra contraria al reparto forzado de alumnos porque considera que debe prevalecer el derecho de los padres.