Rechazo judicial a otro recurso de Fomento contra la TV Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) volvió ayer a suscribir las tesis del Gobierno de Canarias en el conflicto que mantiene con el Ministerio de Fomento por la televisión autonómica. El alto tribunal declaró que no es competente para pronunciarse sobre el recurso interpuesto por el abogado del Estado, por entender que la vía para resolverlo es la civil y no la contencioso-administrativa.

De este modo, el TSJC acepta los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma de Canarias desde el principio, en el sentido de que la adjudicación de la programación de la televisión autonómica se hizo entre dos empresas mercantiles (la Sociedad Televisión Pública de Canarias, SA y la Productora Canaria de Televisión) y no por parte de la entidad pública Radiotelevisión Canaria.Se apoya para ello en el precedente sentado por el Supremo en una resolución de 1995 sobre RTVE, "sobre un supuesto básicamente idéntico al ahora enjuiciado", que distinguió, en materia de contratación, entre el Ente Público RTVE y las sociedades estatales que lo integran.

Para el TSJC, la concesión de la programación de la televisión autónoma "es un acto jurídico emanado de la sociedad anónima encargada de la gestión mercantil", por lo que corresponde pronunciarse sobre el mismo a la jurisdicción civil. El dictamen judicial acuerda "el archivo de las actuaciones, al haber dictado resolución de inadmisibilidad del recurso en los autos principales".

La decisión, pronunciada por un tribunal de cinco magistrados, contó con el voto particular de uno de ellos, Juan José Suárez Tejeda, que defendió la tesis del abogado del Estado sobre la primacía de los intereses generales de la televisión pública entendida como un servicio esencial.

Con su decisión, el TSJC sorprendió a ambas partes. De hecho, el Gobierno de Canarias había elaborado un plan alternativo por si la Radiotelevisión Canaria tenía que asumir el personal contratado por la mencionada productora, entre cuyos accionistas minoritarios figura el Grupo PRISA.

El nuevo pronunciamiento judicial ha sido interpretado de forma satisfactoria tanto por la dirección del ente público como por Coalición Canaria; no así por sus socios del Gobierno regional, el Partido Popular. El director de la televisión autonómica, Jorge Bethencourt, valoró el auto como un respaldo al modelo de gestión mixta implantado en Canarias, y solicitó a Fomento que "ponga fin al linchamiento a que nos viene sometiendo". También el presidente del Ejecutivo autónomo, Román Rodríguez, mostró su satisfacción por la decisión del TSJC y calificó el conflicto de "político".

Enfado del PP

Por su parte, el PP regional ha interpretado la sentencia como "una dilación" de la resolución definitiva del conflicto y ha reiterado su postura en el sentido de que el modelo de televisión autonómica debe ser público en su totalidad.

En nombre del Ministerio de Fomento, el secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar, anunció un recurso de casación "inmediato" y mostró su extrañeza por el hecho de que "la misma Sala que ha tramitado el asunto, después de que el Tribunal Supremo haya dicho que lo recurrido son actos administrativos, se pronuncie diciendo que el tema no le compete".

El alto cargo de Fomento no se pronunció sobre la posibilidad de que el PP promueva una modificación, en la próxima legislatura, de la Ley de Terceros Canales para permitir un modelo mixto de gestión como el establecido en Canarias. Ana Mato, portavoz de Telecomunicaciones del PP, aseguró que su partido es el primer interesado en reformar esa ley, pero aún no se ha hecho .

Por su parte, el consejero delegado de la Productora Canaria de Televisión, Juan Carlos González, dijo a Europa Press que el auto judicial conocido ayer "tiene mayor alcance del que pensábamos y es un respaldo importante" para las tesis del ente público de la televisión canaria.