La defensa en el 'caso del anticuario' constata "muchos fallos" en la causa

El letrado defensor de José Carlos Josemaría, acusado por el denominado crimen del anticuario de Vitoria, puso ayer de relieve en la última jornada de la vista oral los "muchos fallos" en la instrucción de la causa y dejó entrever la existencia de irregularidades de la Ertzaintza para incriminar al imputado. El jurado se reunió nada más acabar la sesión para deliberar el veredicto, que aún no había alcanzado al cierre de esta edición .El defensor de Josemaría reprochó a la Fiscalía su "afán persecutorio" contra el procesado y a la juez instructora el mantenimiento del secreto sumarial durante cuatro meses, lo que lleva a pensar que todo "estaba muy bien preparado" para acusar al detenido.

Las conclusiones del letrado Hermógenes Legido se centraron en desacreditar las afirmaciones de la mayoría de los testigos que han desfilado por la Audiencia de Vitoria, al entender que "no existe ninguna prueba de cargo contundente" contra su defendido. Se mostró muy duro con la actuación de la Ertzaintza en el proceso, a la que reprochó que la furgoneta del inculpado, donde se halló sangre de la víctima, fuese desprecintada antes de ser enviada a la capital alavesa.

El letrado también sembró dudas acerca de que el cigarro encontrado en la tienda del anticuario asesinado Ángel Quintana, del que se tomaron muestras del ADN del acusado, estuviese allí antes de que llegara la policía. Restó valor a un comentario autoinculpatorio de Josemaría que dijo haber escuchado uno de los agentes tras su detención en Ávila, pero que no hizo constar en el atestado.

"Muy fácil"

La fiscal, Carmen Cotelo, explicó al tribunal de manera didáctica que las tres bases de la acusación se habían demostrado: Josemaría conocía a Quintana, al que debía más de 15 millones de pesetas, deudas que iban acompañadas en algunos casos por amenazas serias contra su integridad, y el día del crimen, el 28 de enero de 1998, estuvo en la capital alavesa.

Cotelo subrayó que "fue muy fácil matar y robar a Quintana", dado su delicado estado de salud y la ausencia de seguridad en su comercio, aspectos que componen un cuadro delictivo en el que existe alevosía. "La defensa ha mentido desde el primer momento", indicó, al tiempo que acusaba al abogado del procesado de haber presionado a los testigos en la fase de instrucción.

El abogado de la acusación particular que representa a la familia del fallecido se adhirió a las conclusiones del Ministerio Público, aunque puso de relieve la existencia de ensañamiento en el crimen, destacando que las huellas manchadas de sangre encontradas en la tienda pertenecían al acusado.

Tras las consideraciones de las partes, poco después de las tres de la tarde, el jurado popular compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres inició sus deliberaciones.