El ministro, De la Rosa y el 'caso Ertoil-Ercros'

El sumario abierto en el Tribunal Supremo en 1998 por un supuesto alzamiento de bienes (1.750 millones de pesetas) en el Grupo Ercros investiga, por su presunta responsabilidad en el caso, al actual ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué, que tiene condición de aforado. EL PAÍS y la Cadena SER informaron en noviembre de 1998 que el caso, abierto en el Juzgado número 5 de Barcelona, había pasado al Supremo por los indicios de delito que podrían afectar al titular de Industria. Éste se declaró "sorprendido" por las informaciones, que no consideró "correctas". El caso del presunto alzamiento de bienes en Ercros fue investigado en primer lugar por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que inició investigaciones relacionadas con el propietario de FF Investment, una de las empresas que intermedió en la operación de venta de Ertoil a Cepsa, por supuesta evasión fiscal.

La parte relacionada con Ercros fue remitida a Barcelona, donde se tramitaba la suspensión de pagos de la compañía. El asunto recaló en el juzgado número 5, que lo instruyó tras ordenárselo la Audiencia de Barcelona. Finalmente, en 1998 y a petición del fiscal, la juez lo envió al Tribunal Supremo por si éste estimaba que había indicios de delito contra un aforado, el entonces ya ministro de Industria y portavoz del Ejecutivo Josep Piqué.

El 13 de noviembre de ese mismo año, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió ordenar a la juez nuevas diligencias, entre ellas la de tomar declaración a todos los consejeros de la empresa en el momento de la fusión de Ercros y de la siguiente escisión, "menos el aforado" Piqué.

La mayoría de los consejeros han sido imputados. Casi un año después, el juzgado remitió de nuevo el caso al Tribunal Supremo, quien a su vez pidió opinión al fiscal de la Sala. Éste remitió un informe en el que solicitaba al Tribunal Supremo que ordenara nuevas diligencias documentales al juzgado de Barcelona. El Supremo aún no ha decidido.

Perjudicados

Esta misma semana, una cincuentena de particulares y tres empresas dirigieron un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitando la realización de nuevas diligencias y la personación en el caso como "perjudicados".

En la documentación remitida a la Fiscalía por los afectados, éstos aportan una carta, firmada por Josep Piqué como presidente de la compañía Ercros en noviembre de 1994 en la que el actual ministro contesta a una misiva anterior del que fuera consejero-delegado de Cepsa, Eugenio Marín. Cepsa adquirió Ertoil en septiembre de 1991. En la carta, el ahora portavoz del Ejecutivo niega la existencia de pasivos ocultos en el activo de la compañía Ercros.

Los 50 afectados por la suspensión de pagos y el presunto alzamiento de bienes sostienen que ellos invirtieron en el año 1998 más de 600 millones de pesetas en un proyecto de Unión Explosivos Río Tinto y que, tras constituirse Ercros y separarse del grupo la petrolera Ertoil, la deuda contraída con ellos pasó de Ertoil a Ercros. Ertoil se vendió sin esa deuda, Ercros suspendió pagos y ellos sólo recuperaron 84 de los más de 600 millones que habían invertido.

En el momento (noviembre de 1998) en que EL PAÍS y la Cadena SER dieron cuenta de que el caso Ercros había pasado de los juzgados ordinarios al Supremo, Piqué explicó que estaba "sorprendido" por las informaciones, ya que consideraba que no eran "correctas".

"Lo que hace el Supremo" explicó Piqué, "es constatar que no existe el menor indicio para que pueda haber ningún tipo de imputabilidad y, por eso, decide remitir de nuevo las diligencias al juzgado ordinario".

Ninguna notificación

El ministro aseguró también en aquel momento que no había recibido ninguna "notificación, citación, ni comunicación de ningún juzgado ni del Tribunal Supremo en relación a este tema, ni a ningún otro".

La decisión, adoptada entonces por el Tribunal Supremo de dirigirse al juzgado de Barcelona para que éste ampliara las diligencias en torno al caso, le había dejado, afirmó "total y absolutamente tranquilo y contento".

Cuando saltó la polémica en torno a la gestión de Piqué en el Grupo Ercros, así como la existencia de indicios de delito en su comportamiento, el Partido Popular (PP), a través de su portavoz en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Javier Peón, acusó al PSOE de pretender a tribuir a los demás responsabilidades que se produjeron durante su etapa de Gobierno.

Javier Peón sostuvo entonces que se estaban haciendo valoraciones políticas de una cuestión, la gestión de Piqué en la compañía Ercros, que ya era agua pasada.