Trabajo extiende al PSOE la responsabilidad del 'caso Aycart'

Las primeras conclusiones de la investigación abierta por el Ministerio de Trabajo sobre el caso Aycart extienden la responsabilidad a los Gobiernos del PSOE. El ministro Juan Carlos Aparicio avanzó ayer que durante la etapa socialista se aprobaron los derechos de cobro de 1.800 millones de pesetas, del total de 2.000 millones en subvenciones que recibió la empresa de la que es copropietaria la esposa del exdirector general de Migraciones, Juan Aycart.

Esos derechos de devengo de las subvenciones públicas recibidas por la empresa vinculada al exalto cargo de Trabajo del Gobierno del Partido Popular se aprobaron, según los datos hechos públicos ayer por el ministro Juan Carlos Aparicio, durante los años 1994, 1995 y comienzos de 1996, cuando el titular de Trabajo era el socialista José Antonio Griñán.Los derechos de cobro se reconocen habitualmente con un año de antelación al abono de este tipo de subvenciones, y ese extremo fue el primer argumento aportado ayer por el actual titular de Trabajo tras el Consejo de Ministros, y como elemento inicial de las investigaciones abiertas por el caso Aycart, detonante de la dimisión de Manuel Pimentel como responsable de la cartera el pasado sábado.

José Antonio Griñán respondía posteriormente a esas afirmaciones que el caso Aycart ha estallado porque las subvenciones recibidas por la esposa del exdirector general de Migraciones "se consideran incompatibles" para un alto cargo. Y recordó que el nombramiento de Aycart, primero como jefe del gabinete de Pimentel (cuando era secretario general de Empleo), y posteriormente como director general de Migraciones, se hizo en Consejo de Ministros del Partido Popular. En la etapa de ministro de Griñán, Aycart era funcionario de nivel superior, sin ninguna responsabilidad política.

También argumentó Aparicio que la empresa Centro Politécnico de Educación a Distancia (CPD) se constituyó en 1985, momento en que el ministro del departamento era el socialista Joaquín Almunia, actual secretario general del PSOE. A su vez, el reconocimiento de la empresa CPD como centro colaborador del Inem en materia de formación se hizo en 1994, también con Griñán de ministro.

"Agitación electoral"

Un traslado de responsabilidades a la etapa socialista que Aparicio completó asegurando que esos datos demuestran "la inconsistencia de las afirmaciones que algunos han sostenido", en clara alusión a responsables del partido socialista, y que él interpreta propias de una "agitación electoral" que no cree "que sea buena para nadie".

Además de subrayar que "los derechos de cobro de las subvenciones se han generado por lo menos un año antes de la llegada del PP al Gobierno", el actual ministro de Trabajo afirmó que el camino para el cobro de subvenciones tampoco es responsabilidad de su partido.

Según sus datos, "la principal fuente por la que CPD percibió subvenciones ha sido la enseñanza a distancia de los contratos basura [de aprendizaje]", que el PP derogó de la normativa laboral. Tampoco existe ya, según precisó, el mismo mecanismo de facturación para este tipo de enseñanza. De sus palabras se puede concluir que ya no existen elementos para el cobro de ayudas públicas por parte de CPD.

Sin embargo, la colaboración con el Inem de la empresa de la esposa de Aycart se mantiene en los cursos de formación subvencionados y, según otros documentos elaborados por Trabajo, tiene unos derechos reconocidos de cobro de 113 millones de pesetas para el año 2000 y tiene firmado un convenio marco de colaboración en exclusiva, al margen de la asociación de empresas de formación a distancia.

Cuando ayer se le recordó al ministro que los denominados contratos basura ya no existen, y se le preguntó por qué Trabajo mantiene esa colaboración con CPD, y si va a pagar los derechos de cobro reconocidos en nuevas subvenciones destinadas a la formación, el ministro admitió que la investigación aún no ha concluido en lo que se refiere a la trayectoria de esa empresa durante la etapa del Gabinete del Partido Popular.

Cobros del año 2000

El criterio sostenido por el ministro de Trabajo respecto a las subvenciones que todavía no ha cobrado CPD, correspondientes al año 2000, es que, si se demuestra que no es correcta su percepción, "se adoptarán las decisiones oportunas". En todo caso, el titular del departamento afirmó desconocer que hubiese nuevos derechos reconocidos de cobro de ayudas públicas destinadas a la citada empresa.

La investigación está siendo realizada por la Inspección de Servicios de Trabajo, y se ha pedido también la colaboración del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Las instrucciones que se han dado es "tratar de saber qué ha sucedido", según palabras de Aparicio, sin partir de ningún supuesto y de ninguna presunción sobre la trayectoria de esa empresa. Aún no puede afirmar si han existido irregularidades, más allá de la incompatibilidad de este tipo de actividades empresariales para un alto cargo.

En cuanto al futuro de Aycart, tras su destitución fulminante como director de Migraciones al conocerse las actividades de la empresa de su esposa, está a la espera de destino. El ministro recordó ayer que es un alto funcionario desde hace muchos años, en concreto desde 1979.

Aparicio avanzó que "hay que buscarle una ubicación desde la presunción de inocencia", y en tanto no se demuestre que ha habido irregularidades en esas actividades empresariales. La información de que dispone hasta el momento es que, cuando el PP llegó al Gobierno, CPD era "una de las principales empresas que estaba prestando servicios y colaboración con este ministerio".