Retirados los cargos contra un profesor acusado de falsedad por intentar corregir el acta de un claustro

El abogado acusador de un catedrático de instituto de Granada tuvo que retirar ayer en pleno juicio los cargos para no vulnerar "los principios del proceso penal". Así, absuelto, terminó un sorprendente proceso judicial abierto por Ángel Villanueva, secretario del instituto Cervantes y antiguo juez suplente de la Audiencia granadina, contra el catedrático Pablo Alcázar. Su delito, pedir que se recogiera en el acta de claustro una intervención suya. Villanueva y el fiscal lo acusaron de falsedad en documento y pidieron al principio 4 años de cárcel y 3 de inhabilitación.

Una vez interrogados los testigos, con el peregrino propósito de aclarar si Pablo Alcázar intervino o no con la "parsimonia" suficiente como para dar a entender al secretario si debía recoger sus palabras en el acta, tanto el fiscal como el acusador particular retiraron los cargos contra el profesor que, durante dos años, se ha visto envuelto en un laberíntico proceso judicial. La mayoría de los testigos, profesores del colegio, aseguraron que Alcázar pidió al secretario que incorporara al acta sus palabras.El letrado Enrique Ceres, que representaba en un principio al secretario del instituto (hasta que se retiró hace pocos días), al director y a la jefa de estudios, decidió no seguir adelante con la acusación "a la vista del resultado contradictorio de la prueba".

Ceres explicó que a pesar de que sus clientes insistían en la comisión del delito de falsedad él no tenía intención de continuar pues "de lo contrario se vulnerarían los principios del derecho procesal".

Llamada telefónica

A comienzos de febrero de 1997 Pablo Alcázar asistió a un claustro del instituto de enseñanza media Miguel de Cervantes. Mediada la reunión abandonó la sala para contestar a una llamada telefónica. Era su abogado quien le comunicó que acababa de recibir la respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz a una queja presentada con anterioridad respecto a anomalías en los plazos para la elección del director.

El catedrático regresó al claustro, aguardó que concluyera la persona con el turno de palabra y a continuación explicó la noticia, que el Defensor del Pueblo había aceptado que la elección del director del centro fue anómala.

En apariencia todo había transcurrido correctamente. Sin embargo, dos meses después, en el claustro siguiente, Alcázar descubrió que en el acta de la sesión anterior no constaba su intervención. Para corregir la omisión se entrevistó con los responsables del instituto quienes le sugirieron que presentara un voto particular exigiendo que se añadieran al acta las palabras que había pronunciado ante sus compañeros.

El secretario, Ángel Vallanueva, consideró dicho voto como un intento de falsificar el acta por lo que denunció al catedrático ante el juez. Villanueva sostuvo que Pablo Alcázar no dijo durante el Claustro lo que contenía el voto particular. La denuncia de Villanueva fue respaldada después por el director del instituto, Joaquín López-Sidro, y la jefa de estudios, Antonina Martín, que ayer no acudió a la vista oral.

En el juicio ante la Audiencia Provincial de Granada ni el secretario ni el director del instituto pusieron en duda que Pablo Alcázar intervino en el claustro para comunicar la resolución del Defensor del Pueblo. En cambio, subrayaron que sus palabras fueron "informativas" y que nunca advirtió de que tenían que constar en el acta por lo que, su intento posterior de añadirlas, constituía un delito de falsedad.

Alcázar, por el contrario, explicó ayer que "dictó" su intervención en el claustro e incluso que advirtió al secretario para que la incluyera. "Leí lo que había escrito con parsimonia, aunque tengo por costumbre no mirar a nadie cuando hablo. Estaba convencido de que aquello era lo suficientemente importante para fuera transcrito en el acta", dijo.