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La empresa de la mujer del ex alto cargo de Trabajo obtuvo 2.000 millones sin control oficial

Los 2.000 millones en subvenciones que obtuvo la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial (CPD), propiedad al 50% de la esposa del ex director de Migraciones, Juan Aycart, salieron casi en su totalidad de las arcas del Instituto Nacional de Empleo (Inem), donde Aycart desarrolló la mayor parte de su carrera en la Administración desde 1979. Las actividades del CPD requerían un profundo conocimiento de cuáles son los caminos más fáciles, y sin someterse a controles, para percibir ayudas destinadas a formación ocupacional de los parados y a contratos formativos y de aprendizaje para jóvenes.

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El Consejo de Ministros destituyó ayer a Juan Aycart como director general de Migraciones del Ministerio de Trabajo, tras conocerse públicamente su vinculación a la empresa CPD a través de una información difundida el jueves por la Cadena SER. Antes de acceder a ese cargo por designación directa del ministro Manuel Pimentel, Aycart había ocupado importantes responsabilidades en el Inem: subdirector de Recursos Humanos, director del Centro Nacional de Formación Ocupacional (para parados), y subdirector de Promoción de Empleo del mismo organismo, así como el de codirector técnico de la fundación de formación para trabajadores, Forcem.Precisamente, la empresa de la que es socia y apoderada la esposa de Aycart, Carmen Pérez, ha nutrido la mayor parte de sus actividades a través de las subvenciones que el Inem abona para los contratos formativos y los antiguos de aprendizaje, y que suman unas ayudas públicas de 2.000 millones entre 1995 y 1999. La CPD recibía esos fondos proporcionando la formación teórica, y a distancia, que deben recibir los jóvenes con ese tipo de contratación. Unas ayudas que el Inem, hasta 1999, pagaba a la empresa que realiza el contrato, y que en la actualidad se deducen de sus boletines de cotización. Esas ayudas son, a su vez, abonadas por estas empresas a las entidades que facilitan los cursos teóricos, a 285 pesetas por hora y alumno, junto al coste restante de las enseñanzas.

En ese procedimiento de concesión de subvenciones, la CPD no debe someterse a ningún control, ya que las comprobaciones las realiza el Inem sobre las empresas que contratan a los jóvenes. El esfuerzo principal de la entidad enseñante debe consistir en tener buena información sobre las compañías que han ido realizando más de un millón de contratos de este tipo entre 1995 y 1999 para ofrecerles sus servicios.

En teoría, la elección la hace libremente la compañía que contrata a los jóvenes, entre las 1.700 empresas acreditadas en el Inem para facilitar este tipo de enseñanzas.

La segunda vía de captación de fondos públicos ha sido a través de cursos para parados que también financia el Inem, aunque la gestión se ha ido cediendo a las comunidades autónomas. Para acceder a esos cursos, los centros tienen que estar homologados para unas determinadas especialidades y son inspeccionados para comprobar que cuentan con instalaciones, equipamiento y aulas adecuadas.

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La convocatoria con la programación de cursos se publica en el Boletín Oficial del Estado y los centros homologados comunican al Inem las plazas en las que están interesados y sus ofertas. Con esa información, se realiza una puntuación que valora la calidad y las ofertas formativas con mayores posibilidades en el mercado de trabajo, una tarea que realizaban antes las direcciones provinciales, y ahora, desde que están transferidas esas políticas, las autonomías. En este caso hay más controles, y por esta vía la CPD obtuvo una subvenciones procedentes del Inem que suman 33,46 millones de pesetas entre 1998 y 1999. El baremo oficial máximo para cada curso de 15 alumnos oscila entre las 400.000 y 1.000.000 de pesetas, según la especialidad y la duración de las enseñanzas.

Durante esos dos años, la CPD recibió también 6,82 millones de pesetas de la fundación para la formación continua de empleados, Forcem, que corresponden a tres de los cinco cursos solicitados entre 1998 y 1999. Fuentes del Forcem aseguran que ésa ha sido la participación directa de la empresa CPD que figura en su registro, y no tienen datos de que haya recibido más ayudas de la fundación a través de subcontratas con otras empresas.

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