Técnica de un golpe antijudicial

La decisión de filtrar el informe fuetomada ante la hipótesis de que los

jueces británicos ordenasen su entrega

Los dos periódicos que apoyaron más al general Pinochet -The Times y The Daily Telegraph- coincidieron ayer en señalar el posible origen de la filtración del informe médico. El primero: "Los Gobiernos de España y de Chile son los que tienen mucho que ganar con esta filtración". El segundo: "Abogados relacionados con el caso dicen que el Gobierno español, de centro derecha, que ha tratado de bloquear la extradición, es responsable de la filtración". Ambos también afirman que el ministro Jack Straw se ve reforzado ahora para liberar al exdictador.Fuentes solventes consultadas por este periódico han señalado que la operación de filtrar el informe médico fue preparada como una de las alternativas ante un eventual fallo como el que dictaron los tres jueces del tribunal divisional el pasado martes. El Gobierno español esperaba una sentencia favorable al ministro Straw. Hay pruebas que ilustran el estado de ánimo del Ministerio de Exteriores en dicho sentido. Por ejemplo, una carta de 10 de febrero, escrita por el subsecretario de Exteriores, José de Carvajal, al juez Garzón.

Carvajal, como quien no quiere la cosa, dice: "Además, a este respecto cabe también recordar que el juez Brown ha declarado recientemente que 'podemos discutir por activa y por pasiva el asunto de los exámenes médicos', pero la realidad es que el ministro del Interior tiene amplísimas prerrogativas para decidir si concede o no una extradición o cuándo interrumpe el proceso, y, en la práctica, podría enviar a Pinochet a Chile por motivos políticos, o simplemente porque le apetece, y nadie podría hacer nada para evitarlo". La indicación recientemente se refiere al inicio de la vista, el lunes 7, y la frase está fuera de contexto.

Lo que importa es señalar la esperanza del Gobierno de Aznar de que con dicha frase se prefiguraba el fallo. Los argumentos del Gobierno español -no hay bases para recurrir, es discreción total del ministro Straw, no es un asunto judicial- le hicieron sufrir una derrota cuando el tribunal decidió dar permiso para recurrir. El mismo día, el 8, el abogado Jonathan Sumption, del Ministerio del Interior británico, fue sometido a un debate intenso por el tribunal.

La sensación que hubo fue de una nueva catástrofe para Straw. Al día siguiente, el 9, Sumption se recuperó. Advirtió al tribunal sobre las consecuencias políticas de una sentencia que obligase a entregar el informe a los cuatro países que solicitan la extradición (España, Bélgica, Francia y Suiza).

Fuentes jurídicas aseguran que en ciertos medios del Gobierno se contaba con información sobre el contenido del informe médico desde hacía cierto tiempo. Hay un dato preciso: el Gobierno chileno tenía los informes previos enviados al ministro Straw el 14 de octubre de 1999, junto con la petición de examinar a Pinochet. Son una serie de informes que resumen la historia clínica pasada y presente del exdictador y que fueron utilizados como background por los cuatro médicos que revisaron a Pinochet en el hospital de Londres el 5 de enero de 2000.

La operación de filtración del informe médico confidencial fue contemplada, pues, según las fuentes, con bastante antelación al día 15. "No fue una improvisación. Se trataba de una fórmula de raíz para un proceso que renacía en una etapa difícil; esto es, durante la propia campaña electoral española", dijo una fuente. La decisión de filtrar fue tomada ante la hipótesis, remota pero posible, de que los jueces decidiesen ordenar la entrega del informe. Tenía que ser una filtración ipso facto.

¿Por qué? Primero, para diluir el efecto de un fallo que iba nuevamente en contra de lo que juraba y perjuraba el Gobierno español. Pero, además, la clave del fallo del martes es que se recortó la discrecionalidad del ministro del Interior mediante la fórmula de entregar el informe -"está usted obligado", dice la sentencia- y dar tiempo, siete días, para hacer alegaciones ante Straw, quien después podrá tomar, conforme a la ley, su decisión. El informe -y esto, nuevamente, es una resolución judicial- debía ser entregado bajo estricta confidencialidad. Este periodo de alegaciones también preocupaba. Los jueces de instrucción formarían sus equipos forenses para examinar el informe médico y presentar sus alegaciones a Straw el martes. Los Gobiernos de Chile y de España, ¿comparten el interés en un desenlace rápido o les da igual el factor tiempo? Es una pregunta fundamental. La obsesión por las fechas es coincidente.

Al presidente Frei, según fuentes diplomáticas chilenas, le quita el sueño la posibilidad de que Pinochet no pueda regresar a Chile antes del 11 de marzo, cuando deja La Moneda. Frei, que prometió el retorno de Pinochet durante su mandato, quiere "cumplir". Aznar hubiera querido liquidar el asunto bastante antes del inicio formal de la campaña de las elecciones del 12 de marzo, en lugar de verse enzarzado en la batalla sobre los recursos judiciales en Londres y la guerra de guerrillas entre Exteriores y Garzón. No pudo ser porque los jueces británicos se plantaron.

Por todos estos factores de carácter político, ni el Gobierno de Aznar ni el de Frei podían esperar el desenlace del calendario judicial establecido: entrega del informe, el martes 15; alegaciones, el martes 22, y decisión de Straw, quizá dos días más tarde, el jueves 24. A todo esto hay que agregar otro elemento: si los equipos médicos de los países que alegarán no están de acuerdo con el diagnóstico de que Pinochet está incapacitado para someterse a juicio, los Estados pueden recurrir en revisión judicial la decisión final de liberación que adopte Straw. Y pueden pedir, también, que los tribunales paralicen la libertad del exdictador, lo que, de ser aceptado, no le permitiría regresar. El calendario político en Santiago y en Madrid, pues, no aguantaba. Si para Frei era un problema de prestigio, como dice un diplomático chileno, para Aznar era matar la mosca cojonera en que se había convertido el caso Pinochet. Y la filtración del contenido del informe médico era, pues, el hachazo, salvaje -interferir en la acción de la justicia, en curso-, pero aparentemente definitivo.

El ministro Matutes resumió en pocas palabras la situación a partir, se supone, de la lectura del informe: "Es rotundo, concluyente y sin fisuras". Otros ministros como Louis Michel, según ha dicho su asesora Chantal Monet ayer a este periódico, ni siquiera abrieron el sobre lacrado con los documentos de Londres. Se entregaron directamente al juez Vandermeersch. Ni Michel ni sus colegas de Francia y Suiza hicieron declaración alguna por entender que el asunto está sub júdice. Que lo está.

La tentativa de arbitraje bilateral en julio de 1999 entre España y Chile, a propuesta de Santiago, fue el primer intento en regla de ajustar cuentas con el caso Pinochet. Pero fracasó en septiembre.

Luego le siguió, ya en octubre, la visita aparentemente secreta de dos funcionarios de Exteriores -Miguel Aguirre de Cárcer, de Madrid, y la consejera política Carmen de la Peña, de Londres- el 5 de octubre de 1999 a la Fiscalía de la Corona londinense, tres días antes de la sentencia de extradición del 8 de octubre.

Dicha misión dio lugar a un incidente con la fiscalía británica por no estar en condiciones los diplomáticos de aclarar si era necesario recurrir un eventual fallo adverso a la extradición. El 12 de octubre fue el embajador de España en Londres, marqués de Tamarón, quien mantuvo una reunión en la fiscalía británica para "ordenar" las comunicaciones en el futuro. Las comunicaciones directas, fluidas, entre el juez Baltasar Garzón y la fiscalía británica quedaron bloqueadas.

La decisión de no recurrir en revisión judicial parecía a los ojos del Gobierno español el último punto de esta carrera. Pero, como una hidra de mil cabezas, volvió a ser una pesadilla. Cuando se vio que el informe médico del general Augusto Pinochet podría llegar a España, se ejecutó el plan.

Una bomba limpia. Más bien sucia.