El Gobierno estudia recurrir a la expropiación forzosa para alojar a los inmigrantes de El Ejido

El Gobierno estudia recurrir a la expropiación forzosa si el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, del PP, se sigue negando a ceder terreno para la instalación de un campamento en el que puedan cobijarse los inmigrantes que perdieron sus alojamientos durante los disturbios racistas de la pasada semana. La expropiación forzosa, mediante procedimiento de urgencia, sería el último recurso, pues el objetivo es solucionar el problema de común acuerdo entre todas las Administraciones. El vicepresidente Rodrigo Rato justificó ayer en Almería la actitud de Enciso: "Está tratando de que sean respetados los intereses de todos".

El alcalde de El Ejido, el popular Juan Enciso, amparado por las firmas de 8.500 vecinos, se ha encastillado en su negativa a permitir la instalación de los campamentos, previstos en los acuerdos que pusieron fin a la huelga de los inmigrantes magrebíes.Desde ayer, dos técnicos de la Administración central -uno de Hacienda y otro de Agricultu-ra- están inspeccionando las zonas donde se produjeron los disturbios racistas para evaluar los daños. El estudio parte de las más de 600 denuncias presentadas por quienes se vieron afectados por los incidentes.

Entre otras misiones, dichos técnicos tienen el encargo de revisar el catastro municipal a la búsqueda de algún terreno de propiedad pública en el que puedan instalarse las carpas que entregó Cruz Roja y siguen almacenadas a falta de emplazamiento.

La presión del alcalde de El Ejido y de parte de la población hizo que se echase atrás el empresario que inicialmente se mostró dispuesto a facilitar una parcela.

El problema, según fuentes gubernamentales, no es sólo de terreno, ya que hace falta la colaboración del Ayuntamiento para llevar hasta el campamento los servicios básicos -como la electricidad o el agua corriente-, por lo que se tratará por todos los medios de alcanzar un acuerdo con los responsables municipales, antes de llegar a la expropiación.

Alimentos

La Delegación de Asuntos Sociales de la Junta andaluza se ha comprometido a entregar alimentos a Cruz Roja para que los reparta desde hoy entre el millar de inmigrantes que huyeron de sus hogares a causa de los incidentes y que, en algunos casos, siguen dispersos por el campo sin nada que comer. También está previsto distribuirles mantas, sacos de dormir y bolsas de aseo.

El secretario general de Comisiones Obreras en Almería, Javier Ayestarán, presente en la reunión que ayer mantuvieron en la sede de la Subdelegación del Gobierno representantes de la Administración central y autonómica con las organizaciones no gubernamentales y sindicatos, no entiende la postura de Enciso.

"Nadie quiere que se creen guetos", alega, replicando al alcalde, "pero ahora mismo hay una gente que lo ha perdido todo". El dirigente sindical se mostró pesimista sobre la evolución del problema. "No avanzamos y, mientras, hay gente que necesita ayuda urgente", insistió.

Lo que sí se acordó en la reunión de ayer, iniciada el pasado martes, fue reforzar los puntos a los que podrán dirigirse los inmigrantes para regularizar su situación. En concreto, se decidió establecer tres puntos en Almería -además de la Oficina de Extranjeros- y otros cinco distribuidos por la provincia.

También se anunció en el curso de la reunión que el Consejo de Ministros abordará mañana la declaración de El Ejido como zona de emergencia social.

Mientras tanto, vecinos de dicha localidad y de otras vecinas presentaron ayer la denominada Plataforma de la Comarca del Poniente almeriense. Sus promotores se arrogaron la representatividad de distintos estamentos económicos, sociales y culturales para defender los intereses de la comarca. Tras negar cualquier vinculación política, José Manuel Vicioso, su portavoz, presentó la aplicación "minuciosa" de la Ley de Extranjería, la recuperación del "buen nombre" de la comarca, la condena de los actos violentos y la mejora de la seguridad ciudadana como "fines primordiales" de la asociación.

Por otra parte, efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptaron durante la madrugada de ayer en aguas próximas a Tarifa (Cádiz) dos embarcaciones neumáticas con 49 inmigrantes a bordo. Además, otros siete sin papeles marroquíes, entre ellos un menor de 12 años, fueron detenidos a principios de esta semana en distintas zonas del Campo de Gibraltar.