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Londres encubrió 20 años de abusos a menores en régimen de acogida Una decena de los 650 afectados acabaron suicidándose

Isabel Ferrer

Ronald Waterhouse, antiguo presidente de la sala de Familia del Tribunal Supremo británico, pidió ayer al Gobierno la creación de un Defensor del Niño que evite abusos como los sufridos por unos 650 menores acogidos en hogares sociales de Gales entre 1974 y 1990. Fueron sometidos a un régimen de terror por los asistentes sociales. El escándalo fue ocultado dos décadas por todas las partes implicadas, policía y políticos incluidos.

Encargado en 1996 de investigar los hechos, el juez, que considera probado el suicidio de una decena de afectados, ha calificado de "tragedia" el sufrimiento de los que han visto destrozadas sus vidas por no ser creídos a tiempo.El relato de los padecimientos de Steven Messham, uno de los pocos menores acogidos a principios de los años 80 en uno de los 40 hogares sociales en los condados galeses de Clwyd y Gwynedd que ha hablado en público, enmudeció ayer a la Cámara de los Comunes. Según el informe del juez Waterhouse, fue internado a los 13 años porque sus padres le pegaban en casa. A la semana, ya había sido violado y sabía que si lo denunciaba el castigo sería mucho peor.

En manos de asistentes sociales inexpertos al mando de directores que encubrían sus propios abusos, niños y niñas de 10 años en adelante eran golpeados, lanzados contra la pared y forzados a frotar los suelos con cepillos de dientes. Cortar la hierba con tijeras de uñas era otra de las sanciones favoritas. Uno de los directores prefería anular primero a los menores diciéndoles que estaban solos en el mundo. Luego pasaba a consolares y a abusar sexualmente de ellos.

"En todos los casos analizados se repite la misma constante: los niños nunca fueron escuchados y sus supervisores, dentro y fuera del hogar, se encubrieron unos a otros, policía y autoridades locales incluidas", señala el informe. Waterhose, que ha invertido tres años en elaborarlo y preparó el primer borrador a mano, ha pedido al gobierno la creación de un Defensor del Niño capaz de evitar la repetición de escándalos parecidos. En su opinión, debería ser una figura independiente de los servicios sociales y el equipo de los propios hogares. Sus visitas a los centros de acogida tendrían que ser regulares pero imprevistas, y el niño podría confiarle sus temores.

Despedida por "soplona"

En sus recomendaciones, que suman 72, el juez pide también algunas cosas que parecen elementales. "Los asistentes sociales adscritos a los hogares de acogida no precisan hoy de formación alguna: sería deseable que la tuvieran antes de ser contratados". Grupos en defensa del menor llevan años abogando por ello: "Es la única forma de ayudar al niño a que confíe en un experto, no en cualquiera sin preparación".

"Resulta terrorífico pensar que pequeños en régimen de acogida hayan tenido que pasar por esto", lamentó ayer ante los Comunes Paul Murphy, ministro para Gales, en la presentación del informe. Para Alison Taylor, la única asistente social que dio la voz de alarma en los años 80, esas palabras llegan demasiado tarde. Expulsada de su trabajo por "soplona", le costó varios años que la policía investigara sus alegaciones. Ahora se ha sabido que todos los estudios elaborados por esas fechas fueron sistemáticamente ocultados por las instancias denunciadas en los mismos. Para satisfacción de Taylor, el informe pide que las personas que destapen abusos a partir de ahora "sean escuchadas".

En estos momentos, los hogares de acogida de Inglaterra, Gales y Escocia incluyen a 6.900 niños británicos. Según la Oficina Nacional del Niño, otro grupo benéfico, a la falta de preparación de sus cuidadores hay que añadir otra realidad. El 75% de los menores que abandonan el circuito de protección social en el Reino Unido carece de estudios. La pobre coordinación de los diversos servicios sociales, algo resaltado también por Ronald Waterhouse, ha forzado el peregrinaje de muchos de ellos de un hogar a otro con resultados nefastos. Un 23% de los reclusos adultos y un 38% de los juveniles proceden hoy de la asistencia social.

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