Vizcaya considera nula la prórroga de la A-68 por falta de consulta previa a las diputaciones

La Diputación de Vizcaya considera nulo el acuerdo del Gobierno central que ha prorrogado la concesión de la A-68 hasta 2026 porque no se consultó previamente a las diputaciones vascas. Asegura que con la prórroga se incumplen varias leyes y un artículo de la Constitución, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. El portavoz foral, José Luis Bilbao, calificó la prórroga, que rebaja el peaje en un 40% a cambio de prolongar la concesión quince años más, de "acuerdo-trampa en el que los realmente beneficiados son los accionistas de la empresa concesionaria".

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José Luis Bilbao hizo público lo que se conocía desde anteayer: que el acuerdo para prolongar la concesión de la segunda autopista que atraviesa Euskadi acabará en los tribunales. Pese a que Vizcaya alberga sólo 22 de los 72 kilómetros de la Vasco Aragonesa en su tramo vasco -el total supera los 294 a lo largo de cuatro comunidades autónomas-, la Diputación foral ha sido la primera institución en plantear un litigio judicial, acordada en su reunión semanal del consejo de gobierno. "Este tramo es uno de los más usados por la ciudadanía de Vizcaya, porque es la vía más directa para dirigirse a Vitoria", señaló el portavoz y diputado de Presidencia.La argumentación de la Diputación vizcaína se resume en varios hechos concatenados: los territorios vascos tienen la competencia en materia de carreteras, aunque un vial atraviese varias comunidades, según el Estatuto de Autonomía; por lo tanto, una decisión sobre la prórroga de la concesión exigiría una consulta previa. El no cumplimiento de este trámite supone, según la Diputación, la "nulidad de pleno derecho" del acuerdo.

Bilbao incidió en la especificidad de las competencias forales. "En modo alguno puede alegarse la incompetencia en relación con que la A-68 transcurre por más de una comunidad autónoma, pues en el caso especial de las diputaciones forales la competencia sobre carreteras no está afectada por esa limitación". "La especificidad foral", continúa el planteamiento, "permite tener la competencia sobre carreteras sin los límites aplicables a las comunidades autónomas".

El diputado de Presidencia recordó que la competencia de las diputaciones en materia de carreteras está reconocida en el decreto de transferencia de la otra autopista vasca, la A-8 (Bilbao-Behobia), firmado el pasado 4 de febrero. "Aquí no se trata de discutir o no la transferencia, se trata del interés basado en los artículos que dan lugar a las transferencias (3 y 10.34 del Estatuto vasco) que son los que permiten a los territorios históricos, y a nadie más salvo a propio Estado, tener competencias sobre carreteras de interés general".

"Caramelo envenenado"

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José Luis Bilbao aseguró que la falta de información previa del acuerdo incumple dos leyes y que incluso "la información pública previa audiencia al interesado está recogida en el artículo 105 de la propia Constitución". "Está claro que la Diputación de Vizcaya tiene ese derecho y ese interés en este caso, y que no se le dio audiencia", añadió.

La Diputación admite el "beneficio inmediato" que proporciona a los usuarios la rebaja del peaje y, por ello, anunció "que no hemos pedido la suspensión del acuerdo, sino la nulidad". Sin embargo, valora que la prolongación de la explotación de la autopista durante otros 15 años "no beneficia a los intereses globales de Vizcaya. No se puede hipotecar una infraestructura como ésta hasta el año 2026, como lo ha hecho el Gobierno español". Bilbao comparó la rebaja de los peajes con "un caramelo envenenado", porque el trato más favorable para los usuarios esconde "otro beneficio para la concesionaria". "Queremos dejar claro que el beneficio del usuario no debe estar vinculado a la prórroga. Esto es un acuerdo-trampa, en el que los realmente beneficiados son los accionistas de la compañía concesionaria".

Problema del Gobierno

A su juicio, si hubiera una decisión favorable del Tribunal Supremo sobre la demanda planteada por la Diputación, sería el Gobierno central quien tendría que resolver con la concesionaria las consecuencias económicas de una anulación de la prórroga.

José Luis Bilbao afirmó desconocer si la Diputación de Álava, territorio, que acapara la mayor parte del tramo vasco de la A-8, recurrirá también judicialmente. "No nos metemos en las competencias de otra institución. Somos muy celosos en ese sentido". También rehusó valorar las últimas declaraciones de José Alberto Pradera, anterior diputado general de Vizcaya y actual presidente de la A-68, quien defendió el acuerdo con el Gobierno central. "En la Diputación no acostumbramos a valorar opiniones externas", afirmó y tampoco concretó si fue motivo de debate en el consejo de gobierno foral de ayer. "Los acuerdos [del consejo] son públicos y las deliberaciones, secretas", apuntó.

El Ministerio de Fomento, requerido por este diario para dar su decisión adoptada por la Diputación vizcaína, no quiso realizar ningún comentario. "No tenemos nada que decir", afirmó ayer un portavoz oficial.

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