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El PP prefiere ir al juez antes que entregar las facturas del alcalde

El ultimátum del PSOE expiró ayer. Y el equipo de gobierno municipal, del PP, reiteró su negativa a entregar las facturas de los últimos ocho años de la cuenta restringida del alcalde. El PP prefiere que los tribunales de justicia resuelvan la petición del PSOE antes que dar información a la oposición. La consigna oficicial es que se le dará, pero cuando el interventor informe sobre las cuentas. El PP no aclara por qué desde 1991 nunca se pidió tal informe fiscalizador y ahora es tan crucial.

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En la mañana de ayer, Cristina Narbona, portavoz adjunta socialista, y los dos ediles de esta formación que investigan el uso de la cuenta restringida del alcalde, Ruth Porta y Rafael Simancas, comparecieron para anunciar "que acudirán por primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento a los tribunales para forzar la entrega de unos documentos" públicos. Los socialistas aseguran que a partir de presentar un recurso ante el Tribunal Superior, la ley marca "un plazo máximo de cinco días para remitir las facturas cargadas a su cuenta personal al tribunal". "Y, de no ser así, significaría que pretende ocultar algo, lo que constituye un delito y un desacato", explicó Narbona. Esta concejal aseguró que no importa la cuantía para que se produzca un delito de malversación, y acusó al PP de tener dos varas de medir. "El que fuera alcalde de Fuengirola, por una factura de 30.000 pesetas fue condenado e inhabilitado y un concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid dimitió ante el acoso de Esperanza Aguirre por una factura de 8.000 pesetas". Para Porta, la negativa a entregar las facturas "demuestra que algo huele a podrido en la Casa de la Villa y que deben de tener mucho que ocultar para que el alcalde se permita vulnerar la Constitución simplemente para defenderse". Simancas remachó este ataque diálectico: "El alcalde ha pactado con el secretario general del PP, Javier Arenas, no mostrar ninguna factura antes de las elecciones para evitar escándalos".

Inés Sabanés, portavoz de IU, anunció que en el próximo pleno solicitará una comisión de investigación, pero que deberá comenzar con papeles sobre la mesa. Aseguró que el alcalde debe dar una respuesta política y no ampararse en pretextos formales. "Si el PP rechaza esta comisión de investigación, no seremos nosotros quienes judicialicemos el tema, sino el PP por su falta de transparencia. El alcalde tiene un sobresueldo escandaloso de siete millones", agregó Gerardo del Val, edil de Izquierda Unida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de febrero de 2000

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