Patrimonio

JAIME ESQUEMBRE

Desde Elche a Alicante. Tanto da el PSPV como el PP, Diego Macià o Luis Díaz Alperi. La fiebre de las permutas parece haberse adueñado de las instituciones municipales, que se aferran a esa fórmula urbanística como la lapa a la roca para garantizar el desarrollo de obras públicas a costa del patrimonio público. Se ha pasado de las situaciones en ocasiones manifiestamente injustas que se producían con las expropiaciones forzosas, a dinamitar ese patrimonio al amparo de obras de interés social, en las que enmarcan tanto un camino como una piscina o el asentamiento de una firma comercial.

Las operaciones que, en ese sentido, realizan los ayuntamientos, han quedado en entredicho los últimos días. Alegar que una institución pública no puede acudir al mercado para comprar parcelas porque no dispone de dinero negro con el que competir en igualdad de condiciones, es excusa peregrina, y desde luego injustificable en boca de un alcalde, porque de esa forma reconoce que en su pueblo se viola la ley con una indeterminada cantidad de transacciones millonarias que escapan a todo control fiscal. Y en Elche se ha dicho.

Además, si no hay dinero negro para ¿compensar? o ¿contentar? al propietario del terreno, ¿debemos entender que ese efecto se consigue con una permuta? Es como una ecuación matemática con equis a despejar: si con dinero negro consigo la parcela, y con la permuta también, ¿de qué hablamos?

Y otra pregunta: ¿por qué el suelo particular es, siempre, infinitamente más caro que el público? ¿Acaso porque el primero tiene defensa efectiva? "Un ayuntamiento no puede basar su gestión en precios de mercado", nos dicen hasta la saciedad. Y, claro, surge otra duda: ¿por qué se compra de acuerdo a la ley de la calle y se vende a precio de saldo?

Eso, sin contar la torpeza política de consumar esas operaciones, siempre polémicas, en plena precampaña electoral. Cuando uno lanza un envite, se arriesga siempre a que le devuelvan un órdago. Y llegan las renuncias. O el final de la partida.