La oferta en los centros de día tampoco es suficiente

La falta de plazas en residencias -sean éstas públicas, concertadas o privadas- no quiere decir que las personas mayores estén desatendidas. Muchas no quieren abandonar sus casas. Para ellas, la oferta de servicios de las autoridades es amplia y creciente: centros de día -donde los usuarios acuden a pasar la jornada y a recibir atención sin que haya que hospitalizarlos y sin que tengan que dejar sus hogares- , apoyo domiciliario o teleasistencia son algunas de las alternativas. Pero también estas ayudas cuentan con listas de espera.Las autoridades de Asturias insisten en que es preferible "flexibilizar los servicios". Para ello planean "duplicar la atención domiciliaria, extender la red centros de día y aumentar las plazas para estancias temporales". Es la misma política que sigue la Comunidad de Castilla León, que sin descuidar la construcción de residencias apuesta por otras atenciones y por no desplazar a los mayores.

"Se trata de dar un respiro a la familia", explica Pilar Rodríguez, directora de Atención a Mayores del Principado de Asturias. Otra propuestas es la creación de unidades de convivencia en los pueblos de los mayores "para evitar el desarraigo".

Teleasistencia

El Programa de Teleasistencia Domiciliaria de la Generalitat de Cataluña tiene el mismo objetivo: "mantener a las personas mayores en su entorno familiar". Con una inversión prevista de más de 1.000 millones de pesetas, su propósito es conseguir que para 2001 unas 22.500 personas que viven solas están conectadas mediante un sencillo dispositivo a un centro de atención. Todo con la idea de "mantener y mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellas que no quieren ingresar en una institución".

El déficit de plazas en centros públicos ha hecho que en los últimos años proliferen, en los alrededores de las grandes ciudades sobre todo, las residencias ilegales. La Administración calcula que en España existen más de 1.000 de estos establecimientos que ofrecen unas 20.000 plazas. Se trata de un negocio fraudulento que pone en peligro el bienestar y el patrimonio de sus clientes, y que ingresa al año 200.000 millones de pesetas.

No serían difíciles de detectar "siempre que los Ayuntamientos colaboren en su localización", afirma el secretario de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Francisco Panadero. Los centros geriátricos dejan bastantes pistas de su existencia: los ingresados suelen demandar mucha atención médica, y realizan un importante gasto en farmacia, entre otras cosas en pañales y empapadores especiales para adultos.