Los impulsores de la Carta Social apelarán al Constitucional para participar en los debates

Los promotores de la Carta Social estudian presentar una demanda al Tribunal Constitucional para que regule su participación en los debates del Parlamento vasco. Sólo EH e IU se opusieron a la decisión del resto de partidos de limitar a una comparecencia la presencia de los promotores de la Carta durante la tramitación del proyecto de ley en el Legislativo. Los miembros de la ponencia quieren que la ley sea aprobada antes del verano, mientras que el miembro de Gogoa, José Ramón Castaños, no admite "plazos ni coyunturas políticas" para el debate.

El debate de la Carta Social tiene todos los ingredientes de una bomba de relojería. Está colocada en el entramado institucional vasco, -Parlamento, Juntas Generales y ayuntamientos la debaten-; los partidos políticos han puesto en marcha el reloj al proponerse aprobarla antes del verano, y su claro contenido social puede hacer que salte por los aires el actual esquema de alianzas ya que el PNV está más cerca del PP, mientras que EH, EA y los promotores tienen una sintonía básica con el PSE e IU y UA.La Carta Social propone una jubilación anticipada a los 60 años y la sustitución en el puesto de trabajo, la eliminación de las horas extra, el cambio de los empleos interinos por empleos fijos, promover la semana laboral de 32 horas y garantizar el salario mínimo interprofesional a todos los parados mayores de edad y a los pensionistas.

Después de tres años en el dique seco, a la primera iniciativa legislativa popular, que fue presentada en julio de 1997 con el apoyo de 83.000 firmas y casi 200 colectivos -tan diversas como Caritas y Jarrai, o el consejo de la Juventud de Euskadi e Iniciativa Gitana- y todos los sindicatos, le ha llegado la hora de la verdad.

Primeros pasos

La presidenta de la ponencia, Nekane Alzelai, EA, está decidida a poner la directa y luchar para aprobar la ley antes del verano, aunque el inicio de los debates se retrase hasta después de las elecciones de marzo. Los promotores están redactando una carta que enviarán a Alzelai pidiéndole que no les convoque a la comparecencia prevista, la única que les van a permitir, hasta después del 12 de marzo. Precisamente, los promotores de la iniciativa, tras una ronda de consultas con juristas, están estudiando plantear una demanda al Constitucional para que regule su participación directa en los debates.

Los primeros pasos que ha dado la ponencia han puesto sobre la mesa las diferencias entre los partidos y han dejado sobre la mesa la pregunta de cuánto se parecerá la ley final a la proposición de ley original. Sólo EH -cuyo documento de estrategia política considera la Carta Social como un asunto prioritario- e IU están de acuerdo casi al 100% de la iniciativa, mientras que el resto de los partidos, PSE, EA y UA quieren que la Carta Social sea abordada dentro del paquete asistencial y en el contexto de la Ley de Exclusión Social, como una ampliación de las ayudas que ya reciben 16.000 familias vascas. La postura de fondo del PSE, el partido que podría dar la mayoría a EH, EA e IU, es de sintonía matizada. Limadas las asperezas que produjo el apoyo del colectivo a la Declaración de Lizarra, el PSE considera "bueno" el texto original, pero aspira a contextualizarlo y matizarlo. PNV y PP siguen oponiéndose a un salario universal para los parados. Curiosamente todos los partidos salvo el PNV dieron luz verde a su tramitación cuando la iniciativa entró a la Cámara.

Choque con el pacto

El posible encuentro de los partidos de izquierdas frente al PNV y al PP choca con el pacto de apoyo parlamentario firmado en mayo pasado entre el PNV, EA y EH, ahora en suspenso. Los nacionalistas se comprometieron con su firma a buscar los consensos necesarios para sacar adelante la ley. Un pacto envenenado para EH y que pone en un brete a EA si el PNV sigue remiso a incrementar sustancialmente las partidas de gasto social. Los de Arnaldo Otegi y Begoña Errazti tendrán que decidir entre la alianza política, o sus creencias sociales.

En Euskadi el colectivo de parados asciende a 145.100, de los cuales 50.000 reciben prestaciones, y hay 36.000 familias de más de tres miembros que viven con menos de 90.000 pesetas, mientras que los beneficiaros del ingreso mínimo de inserción son 11.200 personas.

Los promotores están trabajando en un estudio que haga creíble la financiación para la ley y que se presentará, probablemente, tras las elecciones. Además, propondrán al Parlamento que la gestión de las ayudas esté compartida con los sindicatos.