La Guardia Civil investiga a grandes superficies por fraude en la venta de vídeos Los productores denuncian que Continente, Pryca y Alcampo no pagan el canon
La Guardia Civil presentó el pasado miércoles con todos los honores la Operación Canon, que dio al traste con un fraude que llegó a significar el 76% de la venta de cintas de vídeo vírgenes y supuso un daño para el sector valorado en 8.635 millones de pesetas. Pero no explicó qué grandes superficies están siendo investigadas por "cooperación necesaria" en el fraude. Representantes legales y jefes de compras -algunos de ellos cesados hace tiempo- de Continente, Alcampo, Pryca, y, en menor medida, de Simago y Macro, han sido llamados a declarar por este motivo.
La implicación de grandes superficies en el caso responde a una iniciativa de EGEDA, la asociación de los productores, que denunció y reclamó a las grandes superficies entre 4.000 y 6.000 millones de pesetas por cooperar en el fraude. La Operación Canon ha dado origen a diligencias en el Juzgado número 8 de Zaragoza (1.095/98) y en el número 19 de Madrid (2.967/97), en el que está personada la Fiscalía de Delitos Monetarios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El origen del fraude estaba en el impago del llamado canon compensatorio, un gravamen obligado por la Ley de Propiedad Intelectual, equivalente a un pago de derechos, dado que se supone que cada cinta va a ser utilizada para la grabación de películas. Por cada hora de cinta virgen se han de pagar 50 pesetas de canon compensatorio, lo que significa 150 pesetas en una cinta convencional de tres horas de duración. Este derecho se distribuye a partes iguales entre las entidades que representan a los autores (la SGAE, sociedad de autores), actores (AISGE) y productores (EGEDA). Ese canon se añade al precio de la cinta y de la suma de ambos se deduce el IVA correspondiente.
No abonar el canon suponía la posibilidad de colocar el producto en el mercado a un precio claramente favorable. Las empresas que se dedicaban a distribuir las cintas de vídeo lograban eludir estos derechos en sus contabilidades por diversas fórmulas, algunas tan groseras como anotar como mecheros lo que eran cintas de vídeo o confundir el canon dentro del precio final. El propio director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso, que presidió el pasado miércoles la Operación Canon, manifestó que el fraude podría haber alcanzado los 15.000 millones en estos años de no haberse producido la actuación policial. El fraude por no declarar el IVA se estima en algo más de mil millones.
Portavoces de las grandes superficies implicadas en el caso niegan la participación de estas empresas en el fraude. Carlos Cabestany, de Continente, manifestó a este periódico que su empresa cumple la legalidad vigente, "en nuestras facturas viene desglosado el canon desde 1992 y así lo exigimos de nuestros proveedores. No nos han llamado a declarar, ni ha existido ninguna auditoría y, si la hubiera, tenemos todo en regla". Álvaro Bordás, de Alcampo, declaró que "llevamos este asunto muy controlado, incluso tuvimos unas negociaciones con la SGAE para revisar si debíamos pagar o no ese canon y no hubo problema alguno". El portavoz de Pryca dice no tener constancia de la Operación Canon, "porque nosotros trabajamos con proveedores oficiales, que incluyen ese canon en las facturas". Su colega de Simago se limitó a decir que "sólo trabajamos con grandes marcas, por lo que ya viene desglosado ese canon en las facturas. Ese fraude sólo es posible en pequeñas tiendas que utilicen artículos de importación".
Fuentes de la investigación ponen de manifiesto el papel que han interpretado las grandes superficies en este fraude porque, sin su cooperación, no sería posible que hubiera alcanzado tan altas proporciones, que, según algunas estimaciones, debió alcanzar a la venta de casi 20 millones de cintas anuales. La Guardia Civil necesitó de más de 100 mandamientos judiciales para poder fiscalizar, entre otras empresas, la contabilidad de estas grandes superficies en 22 provincias españolas. La Operación Canon ha supuesto que un fraude que llegó a alcanzar al 76% del mercado quede reducido, en la actualidad, a un 5,6%, según la Guardia Civil. El problema se limita ahora a pequeños bazares y las denominadas tiendas de todo a cien.
El daño producido a empresas del sector es difícil de evaluar en algunos casos. "Es difícil de concretar", dice Antonio Fernández, de la empresa BASF; "en el año 92 podíamos hablar de un fraude generalizado. Nuestra empresa, por la marca que representa y por su cultura, cumplió rigurosamente con la ley, pero podría comentar que en un primer momento supuso una caída de ventas de 1.500 millones de pesetas anuales, la entrada en pérdidas y que 22 personas del departamento de ventas se fueran a la calle. La situación se ha ido normalizando, pero todavía no hemos alcanzado los niveles de ventas anteriores ni hemos recuperado esos 22 empleos. Hemos tenido que llegar a vender cintas de vídeo por debajo de los costes industriales para defender nuestra posición en el mercado".
1.700.000 cintas incautadas
Ángel Guerrero, de Sony España, no detalla la cuantía del problema, pero sí afirma que tuvo serias repercusiones en las ventas. Guerrero discrepa de que el fraude se haya reducido en tanta proporción. En su opinión, todavía hay una bolsa importante de fraude, "que podría ser superior a un 20%". Un portavoz de una empresa afectada prefiere evitar dar los nombres de las grandes superficies que más venta fraudulenta propiciaron por temor a represalias. "Son empresas muy poderosas y te pueden bloquear en el mercado".
La investigación puso de manifiesto la existencia de redes organizadas con implicaciones internacionales, como es el caso de una red hindú, que a través de empresas interpuestas, cuentas corrientes a nombre de trabajadores y de una sofisticada contabilidad financiera, conseguía colocar en el mercado, con apariencia legal, millones de cintas vírgenes importadas del exterior, bien del Reino Unido, Holanda o sureste asiático. La operación supuso diez detenciones, un total de 22 personas investigadas y la incautación de 1.700.000 cintas en Barcelona y más de dos millones en Madrid.
