Xenofobia y ambigüedad

Si, como parece, la paz laboral está al alcance de la mano en El Ejido, queda ahora por restablecer lo más importante: la convivencia en la comarca almeriense, puesta en carne viva por siete días de conflicto turbulento. La huelga en vías de solución de los trabajadores magrebíes, en respuesta a las agresiones xenófobas de que han sido víctimas, es un modo efectivo de demostrar que su papel es esencial para el sistema productivo de la zona. Porque sobre esta mano de obra, a menudo explotada en condiciones infrahumanas y que ha acudido al lugar atraída por una demanda constante de empresarios y agricultores, se ha desarrollado una economía que ha contado con los beneficios de la UE y a la vez ha competido con ventaja con los propios países del Magreb, de los que llega la mayoría de inmigrantes.Los sucesos de El Ejido tienen sus claves específicas, derivadas de las singularidades de una población con enormes desigualdades y muchas frustraciones acumuladas. Pero invitan a algunas conclusiones de carácter general, habida cuenta de que la inmigración laboral es uno de los fenómenos que van a protagonizar nuestra vida en los próximos años. La primera es que España, que tanta emigración y exilio ha producido, no parece culturalmente preparada para recibir a los que tratan de huir de la miseria de sus países. La segunda, que no funcionan los mecanismos de desarrollo estructural necesarios para facilitar la acogida y la integración de estos ciudadanos.

Todo el mundo conocía lo explosivo de la situación, pero no se ha hecho nada sustancial para mejorarla. Sin las condiciones para vivir con cierta dignidad es imposible hablar de integración. Ahora corren las instituciones a apagar el fuego y desfilan en cortejo sus representantes. Incluso Marruecos, que históricamente se ha desentendido de su enorme diáspora en Europa, pretende colocarse la medalla de la mediación. Gobernar también es prevenir, y, en El Ejido, demasiadas autoridades locales -comenzando por un alcalde del PP que no hubiera desmerecido en el partido austriaco de Haider- han actuado más como incitadoras que como administradores responsables.

Sólo partiendo del reconocimiento de la realidad es posible avanzar hacia soluciones. En cuestión tan delicada como el racismo no hay conducta más reprobable que la ambigüedad. Y en este terreno la responsabilidad del Gobierno es grande. La violencia de turba y el linchamiento no admiten atenuantes: todavía ayer se cifraba en muchos centenares los trabajadores magrebíes huidos de la zona por miedo y que sobreviven en circunstancias deplorables. Cuando Aznar se muestra comprensivo con los que han reaccionado indignados por el crimen que precedió a la explosión de violencia, está abriendo una brecha peligrosa. El que se siente comprendido puede sentirse justificado. Máxime cuando la ambigüedad de la máxima autoridad política se ve refrendada por la pasividad de la policía. Cuando el ministro portavoz relaciona la Ley de Extranjería con El Ejido, comete un despropósito (la ley sólo tenía cinco días de vigencia), pues confirma que el Gobierno está dispuesto a casi todo con tal de desacreditar la ley que no votó y olvida que su misión es hacer cumplir cualquier norma aprobada democráticamente.

Desde el debate de la Ley de Extranjería, el Ejecutivo ha optado por presentar la inmigración como un problema más que como una realidad que hay que asumir y moldear. El criterio de exclusión -reforzar el control de fronteras- se sitúa sobre cualquier consideración. Ni desde el punto de vista de la pedagogía democrática ni desde el de la estabilidad social parece el planteamiento más adecuado para unos tiempos en que cada vez serán más los extranjeros que vivirán entre nosotros.