Tocino dice que Chaves pide la gestión de Doñana "sólo cuando el PP gobierna"

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, consideró ayer "muy positiva" la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley andaluza del Espacio Natural de Doñana. La ministra, que promovió el recurso del Gobierno central contra la norma autonómica, replicó a las críticas del presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien tildó la iniciativa del Ejecutivo de "sectarista". Tocino recordó que la ley de 1989, con el PSOE gobernando en Madrid, "asignaba la gestión de los parques nacionales a la Administración central" y reprochó a Chaves que exija competencias "sólo cuando el PP gobierna".

La norma autonómica apenas llevaba dos meses en vigor, tras su aprobación por la Cámara andaluza en octubre de 1999. El Ejecutivo central decidió impugnarla en enero, al considerar que la nueva regulación andaluza vulneraba los criterios de cogestión que fija la ley estatal, de 1997. El proyecto legislativo impulsado por la Junta unifica la administración del parque nacional y el parque natural de Doñana en un órgano gestionado por la Consejería de Medio Ambiente. "La ley que elaboramos en 1997 garantiza la cogestión del Gobierno y las comunidades autónomas en los parques nacionales", afirmó la ministra de Medio Ambiente. Según la normativa estatal, ambas Administraciones están representadas en el patronato del parque nacional de Doñana, si bien la capacidad de decisión y de nombramiento de técnicos queda reservada al Ministerio. La Junta sí tiene atribuida la gestión del parque natural.

La decisión del Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno suspende cautelarmente la norma andaluza. El Tribunal ha dado un plazo de 15 días para recibir las alegaciones del Ejecutivo andaluz; luego, tendrá un periodo de cinco meses, para ratificar o levantar la suspensión de la norma, antes de entrar en el fondo de la impugnación.

Tras conocer la providencia del Constitucional (el pasado jueves), Chaves cargó contra la iniciativa del Ejecutivo central. Ayer, la ministra de Medio Ambiente interpretó las palabras del presidente de la Junta como una crítica a la decisión del Tribunal.

"No puedo entender como un presidente autonómico puede llamar sectarista o electoralista al Tribunal Constitucional", dijo Tocino, quien exigió a Chaves que "se retracte inmediatamente". La ministra consideró las declaraciones del dirigente andaluz como una nueva muestra "del desprecio a las instituciones" de la Junta.

Sentencia de 1995

La ministra se remontó a 1995 para asegurar que la normativa estatal se basa "en otra sentencia del Constitucional". "Algunas comunidades autónomas recurrieron entonces la ley socialista de 1989 que daba la gestión de los parques nacionales a la Administración central y el Tribunal les dio la razón".

Tocino aseguró que en la elaboración de la norma estatal de 1997 (ya con el PP en el Gobierno), se respetaron los criterios de cogestión que habían sido exigidos por el Constitucional. La Junta, sin embargo, consideró que esa norma no respetaba las competencias autonómicas en protección natural y la impugnó; en la ley del Espacio Natural de Doñana, el Gobierno andaluz insistió en su postura y se arrogó la gestión del parque nacional.

La candidata popular a la Junta, Teófila Martínez, se alineó con las tesis de Tocino y señaló que "no se puede cambiar de actitud los partidos responsables cuando se está en la oposición o cuando se está en el Gobierno". Martínez agregó que " los parques nacionales tienen una ley básica de Estado que hay que respetar".

El Partido Andalucista, por el contrario, hizo suyo el planteamiento de la Junta de Andalucía. El secretario de política institucional del PA en Málaga, Ildefonso Dell'Olmo, dijo ayer que Doñana es un "único ecosistema, por lo que debe tener una única gestión a cargo de la comunidad", ya que el Estatuto de Autonomía "deja claro que las competencias son completas para Andalucía". El dirigente andalucista subrayó que la actitud del Gobierno es un "atentado contra la autonomía andaluza, y así lo demostró [el PP] cuando fueron el único partido que votó en contra [del Estatuto] hace veinte años".