Matutes desafía al juez Garzón a plantear ante el Supremo un conflicto de competencias

El Gobierno de España no va a modificar su compromiso de no recurrir la anunciada decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de poner en libertad al general Augusto Pinochet por motivos de salud, ni cuestionará ante los tribunales británicos si éste puede mantener en secreto los exámenes médicos del militar chileno en los que basa su decisión, como han decidido el Gobierno belga y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Así lo reiteró ayer el ministro de Exteriores, Abel Matutes, quien añadió que si el juez Baltasar Garzón considera que el Gobierno español obstaculiza su actuación como juez instructor de la causa, puede plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo.

En una carta fechada ayer y dirigida al magistrado de la Audiencia Nacional, Matutes respondió y denegó la petición de Garzón del día 8 en la que solicitaba que se cursaran instrucciones a la fiscalía británica para que se interpusieran "los recursos pertinentes contra la decisión del Home Office [Ministerio del Interior británico]". "Le comunico que, por escrito del embajador de España en Londres al Crown Prosecution Service [Fiscalía de la Corona británica], de fecha 17 de enero de 2000, se notificó el pleno respeto español a la decisión que pueda tomar el Ministerio del Interior, al entender que la decisión apuntada compete exclusivamente al ministro en el marco de sus competencias discrecionales y exclusivas conforme a las leyes británicas aplicables. En este sentido, le confirmo que España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el ministro del Interior".Matutes asegura en su carta que desde su ministerio "se ha venido colaborando en todo momento con ese juzgado de la Audiencia Nacional para una más eficaz y completa instrucción de la causa". Como argumento recuerda que Exteriores ha remitido las nuevas alegaciones formuladas por Garzón en escritos fechados el 14 y el 25 de enero, después de que el 11 de enero Straw anunciara su intención de liberar a Pinochet por motivos de salud.

"El Gobierno entiende que la decisión apuntada por el ministro del Interior británico ha venido a situar la solicitud de extradición del senador Pinochet presentada por España fuera del ámbito judicial británico y la ha trasladado al área de competencias discrecionales y exclusivas de que dispone el ministro del Interior de dicho país, conforme a sus propias leyes, para poner fin en cualquier momento al procedimiento de extradición que se halle en curso en el Reino Unido. La posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico británico para instar un recurso de revisión judicial de la mencionada decisión del ministro del Interior británico no altera en modo alguno la naturaleza de dicha decisión", añade.

Decisiones cuasi judiciales

Para avalar ese criterio, Matutes recuerda en su carta a Garzón el auto dictado por el Tribunal Supremo el 1 de febrero por el que no admitió a trámite una querella presentada por un particular contra él mismo por supuesta obstrucción a la justicia. "Los magistrados señalan en sus razonamientos jurídicos que la responsabilidad de agotar o no agotar los trámites administrativos o eventualmente judiciales posteriores a la decisión del ministro del Interior británico recae sobre las autoridades político-administrativas españolas, y en ese ámbito quedan residenciadas". El ministro insiste, además, en que el Supremo despejó las dudas sobre el carácter político de la decisión de Straw. Y cita el auto del Supremo donde afirma que, "a pesar de que se diga que es una resolución cuasi judicial, es innegable que los órganos administrativos carecen de potestad jurisdiccional, por lo que no pueden generar ni producir resoluciones judiciales, sino actos administrativos de diverso sentido".

Además, le recuerda al magistrado de la Audiencia Nacional que, de acuerdo con la Constitución Española, "el Gobierno dirige la política exterior, debiendo velar consecuentemente por las consecuencias de sus actos en las relaciones hispano-chilenas y en las relaciones hispano-británicas".

Y por si el magistrado tuviera dudas respecto a la legalidad de la actuación del Gobierno, le invita a presentar un conflicto de competencias. "En el caso de que su señoría no compartiera estos argumentos, no cabe desconocer que el ordenamiento jurídico español contempla los procedimientos pertinentes para la resolución de eventuales conflictos de competencia que pudieran plantearse entre el Gobierno y un órgano judicial".

[El secretario de Cultura del Ejecutivo del PSOE, Joaquín Leguina, recordó ayer que el Gobierno español se había negado a "tramitar los recursos de la Audiencia Nacional diciendo que no querían hacer el ridículo. En efecto, han hecho el más absoluto de los ridículos", ya que como ha quedado demostrado, el Gobierno belga y las ONG, con "argumentos menos creativos", han ganado la partida y la "judicatura británica les ha dado la razón", informa Europa Press].