La Diputación de Álava censura que Madrid no le consultara la prórroga de la concesión de la A-68

Ramón Rabanera, diputado general de Álava y presidente del PP en la provincia, reprochó ayer al Gobierno central el procedimiento que ha seguido al prorrogar 15 años más la concesión de la A-68 a la empresa Vasco Aragonesa. "Nos gustaría que nos hubiera consultado", lamentó. Aunque de un modo más sutil, la Diputación de Álava se suma así a las críticas de Vizcaya y del Gobierno vasco al Consejo de Ministros. El Ejecutivo autónomo insistió ayer en que tomará "todas las medidas jurídicas y políticas" a su alcance para impedir que se ejecute el acuerdo.

Por primera vez desde que la Diputación de Álava cambió de signo político al reemplazar el PP al PNV, la institución foral se ha salido del guión marcado por el Gobierno de José María Aznar. Ramón Rabanera, aunque de una manera tibia y matizada, lamentó ayer que el Ministerio de Fomento ocultara a la Diputación sus negociaciones con la empresa que gestiona la A-68 (Bilbao-Zaragoza). De esas conversaciones surgió un real decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros por el cual la autopista rebajará considerablemente las tarifas de manera inmediata, pero, a cambio, la carretera seguirá siendo de peaje durante 15 años más de los previstos, es decir, hasta 2026.La decisión sorprendió en Álava, a pesar de que la Diputación también está gobernada por el PP. No obstante, la queja de Rabanera no ha ido más allá de insistir ayer en tres ocasiones una misma frase: "Nos gustaría que [el Gobierno central] nos hubiera consultado, sobre todo porque la Diputación tiene competencias en carreteras", comentó. Con todo, dio a entender que los términos del acuerdo le satisfacen el líneas generales: "La rebaja beneficia a los ciudadanos. El alavés era el tramo más caro de la Vasco Aragonesa". Ahora el trayecto desde Arrigorriaga hasta Altube pasará de 815 a 515 pesetas.

Rabanera se mostró escéptico al referirse a la pretensión del Gobierno vasco de obtener el traspaso de la competencia sobre la autopista. En su opinión, la demanda del PNV choca con el hecho de que la A-68 discurre por cuatro comunidades autónomas (País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón). "El traspaso tiene más complicaciones que la A-8", advirtió. En cualquier caso, el diputado general alavés aseguró que se dirigirá al Ministerio de Fomento para hablar sobre el acuerdo y sobre los aspectos que afectan directamente sobre los usuarios de su territorio.

Competencias

El malestar de la Diputación alavesa, aunque con matices, se une a las críticas expresadas en los últimos días por Vizcaya, el Ejecutivo autónomo y la dirección del PNV, que en su programa electoral ha incluido la reclamación del traspasode la autopista. El Consejo de Gobierno endureció ayer su discurso respecto al acuerdo entre Madrid y la empresa Vasco Aragonesa. El portavoz del Gobierno autónomo, Josu Jon Imaz, advirtió de que el Ejecutivo va a adoptar todas las iniciativas "jurídicas y políticas" a su alcance para impedir el acuerdo. A pesar de que el portavoz fue requerido varias veces por los periodistas para que concretara estas medidas, Imaz se limitó a repetir que el Gobierno va a tomar medidas políticas ahora y "en el futuro". El PNV podría emplear la negociación de la A-68 en las hipotéticas conversaciones que se entablen entre los nacionalistas y el partido que gane las elecciones generales del 12 de marzo.

Según Imaz, el acuerdo invade las competencias reconocidas por el Estatuto de Gernika. "Las diputaciones son las titulares legítimas de la competencia sobre carreteras", recordó. En esta línea, subrayó que el pacto se ha producido "a espaldas de las instituciones vascas" y, por lo tanto, ha hurtado la posibilidad de realizar en Euskadi un debate social sobre "la utilidad de estas vías y su futuro una vez que está próxima su reversión al sector público".

Además de las críticas por las formas de alcanzar el acuerdo -adoptado de una forma unilateral-, Josu Jon Imaz censuró el contenido del mismo. "Es abusivamente rentable para una empresa privada y lesivo para los intereses de los ciudadanos vascos. ¿Por qué no se ha cerrado, por ejemplo, un acuerdo que suponga una rebaja del 60% de los peajes y una prolongación de la concesión de cinco años en lugar de condiciones que son tan ventajosas para una compañía privada?", se preguntó el portavoz del Gobierno vasco.