El Parlamento regulará los derechos sociales de las prostitutas
Una ponencia parlamentaria creada en el seno de la Comisión de Mujer y Juventud de la Cámara vasca analizará la situación de la prostitución en Euskadi e impulsará medidas para regular este oficio, sobre todo en lo relacionado con los derechos sociales, ámbito en el que la comunidad vasca tiene autoridad. Aunque no existe una estadística oficial, algunos datos apuntan a que en Euskadi más de 2.000 personas ejercen la prostitución.Las relaciones laborales queda al margen al carecer el Gobierno vasco de competencias. Las medidas que se pueden regular relacionadas con el campo de los derechos sociales son muy variadas y van desde organizar cursos para reinsertar a las prostitutas que quieran dejar su profesión hasta flexibilizar su acceso a los servicios de ginecología de Osakidetza.
La iniciativa, que partió de Izquierda Unida, contó con el respaldo de todos los partidos excepto el PNV, que argumentó que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha algunos programas y que, por lo tanto, la creación de una ponencia resulta "redundante". Según el representante del PNV en la Comisión, Xabier Ormaetxea, "la prostitución requiere de soluciones urgentes y una ponencia no sirve para eso".
Javier Madrazo, de Izquierda Unida, replicó a Ormaetxea que "el Gobierno vasco también trabaja en campos como el de la política penitenciaria o el de las víctimas de la violencia y, sin embargo, el Parlamento tiene ponencias que debaten sobre estas cuestiones y ofrecen sus propuestas".
Para Madrazo, muchas de las personas que se dedican a la prostitución -hombres y mujeres- actúan "forzados por la necesidad". "Esta situación", precisó, "potencia la proliferación de mafias o redes de explotación de prostitutas/os, que obtienen beneficios millonarios, amparándose en que el alterne remunerado no está reconocido como una prestación de servicios".
Desamparo
Karmele Antxustegi, de Eusko Alkartasuna, destacó la marginalidad en la que se encuentra un determinado colectivo de prostitutas, las que proceden de países extranjeros y no disponen de ningún tipo de documentación. "Las inmigrantes están aún más desamparadas. Aunque hay competencias que exceden a este Parlamento, hay otras que podemos regular. Se trata de personas que no tienen ningún amparo", recalcó.
Para la representante del grupo socialista, Gemma Zabaleta, el Gobierno vasco no "está haciendo lo suficiente". "La creación de una ponencia", explicó, "es oportuna e interesante para mejorar las condiciones de vida de este colectivo".
