El fiscal rechaza que el accidente de Vandellòs I fuese imprevisible

La fiscalía ha refutado uno de los pilares en los que se basa la defensa de los directivos de Vandellòs I acusados del accidente acaecido en la central nuclear hace 10 años, al negar en sus conclusiones definitivas que el suceso tuviera un carácter fortuito e imprevisible. El fiscal mantiene la petición de cuatro meses de arresto y tres millones de pesetas de multa para dos directivos de Hifrensa y un director técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y se fundamenta en que el retraso con que la central acometió las reformas exigidas por el CSN supuso la comisión de un delito de riesgo. Las acusaciones particular y popular calificaron de negligencia el delito y su petición de pena oscila entre ocho y cuatro años de prisión.Las conclusiones del fiscal, de gran contundencia, recogen las diversas cartas existentes entre el CSN y la central en las que el primero refleja su preocupación por la tardanza con que Hifrensa aplicaba sus exigencias en materia de seguridad. Según Parra, el director general de Hifrensa, Fernando Roset, y el director de Vandellòs I, Carlos Fernández Palomero, con "maniobras dilatorias" evitaron la aplicación de dichas exigencias. Por su condición de ingenieros y por el asesoramiento que recibían, el fiscal considera que ambos "conocían perfectamente que las condiciones de seguridad de la central, buenas cuando se construyó, se estaban quedando obsoletas".

Temeridad y mala fe

La defensa, por su parte, incidió ayer en sus conclusiones finales en que el complejo atómico funcionó en todo momento cumpliendo las normas de seguridad y protección radiológica y que de haber realizado las modificaciones exigidas por el CSN, éstas no hubieran evitado el accidente. El abogado contratado por Hifrensa, Luis Jordana, solicitó además que las costas de la vista oral que se ha celebrado en la Audiencia de Tarragona deberían corresponder a las acusaciones popular y particular por haber actuado con "temeridad y mala fe".

El letrado de la defensa elevó ayer sus conclusiones a definitivas y solicitó la absolución para sus patrocinados. En primer lugar, las conclusiones recogen que el accidente, originado en la turbina, se debió a una erosión interna de los álabes, que era un fenómeno desconocido entonces y del que la constructora no había informado a Vandellòs I, por lo que ésta no cometió negligencia alguna en la vigilancia de la turbina.

La defensa sostiene que los trabajadores no corrieron ningún peligro, que no existieron emisiones radiológicas ni de CO2 (como sostienen las acusaciones particular y popular), que la refrigeración del núcleo no peligró en ningún momento y mantiene que el Gobierno Civil de Tarragona estuvo informado de lo que sucedía aquella noche tanto desde la propia nuclear como desde el CSN. Esta afirmación contradice a las realizadas por el anterior Gobernador Civil de Tarragona, Ramón Sánchez, que renovó ante el Tribunal las quejas realizadas hace diez años por el retraso con el que la central informó de su accidente.