¿De quién es el cauce de un río?

Antes de que el desvío de la desembocadura del río Llobregat sea una realidad, las tres administraciones comprometidas en él -el Ayuntamiento de Barcelona, el de El Prat y la Generalitat- tienen diferentes criterios sobre de quién será la titularidad del actual lecho del río cuando deje de serlo. Es decir, cuando se convierta en un espacio de terreno más que se pueda destinar a viales o a cualquier otra función.El desvío de la desembocadura depende del desarrollo del Plan del Delta del Llobregat y éste, aunque fue aprobado hace casi seis años, sigue sin pasar de los planos. Hasta la fecha, la actuación más visible ha sido el movimiento de tierras para la nueva depuradora, que tampoco podrá construirse hasta que se desvíe el río.

De momento, la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona está elaborando un estudio sobre cómo se debe realizar el deslinde entre los términos municipales de Barcelona y El Prat del Llobregat. Según el alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, de Iniciativa per Catalunya-Verds, la mitad de la nueva extensión estará dentro de su término municipal. Parecido punto de vista tiene el gerente de Urbanismo, Ramón García Bragado.

Parte de los terrenos futuros -que ahora son el cauce del río- entrarán a formar parte de la zona de actividades logísticas (ZAL) del puerto de Barcelona, que se ampliará en 257 hectáreas. En ese caso, la titularidad está clara puesto que los terrenos de uso portuario corresponden al Estado. Ésta es la opinión del gerente de Urbanismo de Barcelona.

El alcalde de El Prat no lo ve así exactamente, porque considera que todo dependerá de los usos que se den a esas instalaciones aunque estén dentro de la ZAL.

Otra discusión surge a propósito de la titularidad del resto de la zona afectada en la que, en principio, esta prevista la ubicación de una plataforma ferroviaria que incluirá una nueva estación de mercancías.

"Todo dependerá de los usos que se den. Si son viales, no hay problema; pero si es una extensión en la que se pueda desarrollar alguna actividad, habrá que tener claro de quién es la propiedad del suelo, más allá del deslinde de los municipios", argumenta el gerente de Urbanismo, que además considera que la situación de la estación ferroviaria está todavía por concretar.

El meollo del asunto, en opinión del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, es determinar la titularidad de unos terrenos que mientras son cauces fluviales son de dominio público y, como tales, corresponden al Estado. Y será el Estado el que deberá expropiar los terrenos que en el futuro se convertirán en el nuevo lecho del Llobregat.