La Guardia Civil investiga a un constructor afín al PP por el encargo de matar a Cuiña

La Guardia Civil ha investigado al empresario leonés José Martínez Núñez, afín al PP y amigo de Fraga, como principal sospechoso de encargar a un grupo de sicarios sabotajes contra empresas constructoras de León y Valladolid. Un venezolano vinculado a dicho grupo se suicidó el pasado 13 de julio en León dejando una carta en la que revelaba, además, que había sido contratado para matar al consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña. Fuentes próximas a este último explicaron que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Martínez Núñez por negarse a adjudicarle una carretera.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil entregó a principios de esta semana el resultado de su investigación al juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada (León), cuyo titular ha declarado secreto el sumario.La investigación se inició a raíz de los siete sabotajes realizados, entre el 28 de abril de 1996 y el 29 de enero del pasado año, en diferentes plantas hormigoneras que el empresario Sindo Castro posee en la comarca de El Bierzo (León). También se relacionó con este caso el incendio intencionado que se declaró el 19 de febrero de 1999 en la sede de la compañía Begar (Valladolid), de la que es presidente José Luis Ulibarri, un ex empleado de Martínez Núñez con intereses en la construcción y la televisión local, informa Francisco Forjas.

Las pesquisas policiales se orientaron desde el principio hacia algún empresario interesado en deshacerse de eventuales competidores. El pasado mes de octubre fueron detenidas por estos hechos cuatro personas -entre ellas, los hermanos José Manuel y Timoteo Pintado Palomo, de 32 y 26 áños- relacionadas con una empresa de detectives, con oficinas en León, Ponferrada y Valladolid, que actúa bajo los nombres de Agencia de Investigación D´ Ajenti Hnos. y Búho Servicios Integrales. Estas agencias, sin licencia para operar en el sector de la investigación privada, servían supuestamente de cobertura para actos de extorsión y amedrantamiento por encargo.

Presunto suicidio

Aunque los detenidos quedaron en libertad a las 72 horas, la Guardia Civil siguió investigando para determinar la identidad de la persona que financiaba y fijaba los objetivos del grupo, para lo que se realizaron intervenciones telefónicas y registros.

La investigación dio un vuelco tras el hallazgo del cadáver de Rafael Wolfgang Pérez Álvarez, un venezolano casado con una leonesa, Rosario Castellanos, quien apareció ahorcado el 13 de julio en su domicilio de León. La viuda, quien sostiene que su marido "fue suicidado", explicó que cuando ella se marchó a dormir le dejó en compañía de uno de los hermanos Pintado.

Pero Rosario Castellanos aportó, sobre todo, una carta de su esposo, fechada el 4 de abril de 1999, poco antes de emprender un viaje a Venezuela, en la que daba cuenta de algunos de los sabotajes realizados por el grupo y, sobre todo, revelaba la existencia de un supuesto encargo para matar a Cuiña.

"Debajo moviendo el armario de la Hab[itación] de la plancha hay un revolver. "NO" lo toques sin guantes, hay huellas de Jose [supuestamente, uno de los sicarios] y el sobre del que viene envuelto es [del] abogado de Martínez Núñez, habla con Antonio [un amigo de la pareja] y móntales un chantaje; ellos me ordenaron matar a un señor de Santiago de Compostela un tal José; sólo sé que es el segundo de La Coruña después de Fraga y que trabaja o es el jefe de Fomento o Obras Públicas", decía el texto dirigido por Pérez Álvarez a su esposa. La referencia al abogado de Martínez Núñez no era la única alusión al empresario contenida en el manuscrito. Más adelante, decía misiva que el incendio de la empresa Begar se realizó "por orden de Martínez Nuñez".

Según fuentes conocedoras del caso, el fallecido no llegó a intentar matar a Cuiña, pero si cobró un anticipo. La presiones para que cumpliera el encargo o devolviera el dinero estarían en el origen de su muerte.