El Gobierno replica al intento de pacto de la izquierda con una oferta postelectoral a CiU

El Gobierno de José María Aznar reaccionó contra la negociación que mantienen el PSOE e IU lanzando una oferta de diálogo postelectoral a CiU y a Coalición Canaria, válida aunque el PP obtuviera por sí solo mayoría suficiente para gobernar. El nuevo modelo de financiación autonómica sería la base negociadora, según adelantó el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué. Los populares tratan de romper así la soledad por los pactos que buscan los socialistas para el 12-M. Piqué vaticinó, a la vez, un horizonte catastrofista en el caso de que la izquierza lograse su objetivo de gobernar con un programa común.

El portavoz del Gobierno negó ayer que exista preocupación en el Ejecutivo por las conversaciones que mantienen el PSOE e IU para tratar de plasmar un programa común, pero admitió que las sigue con "lógico interés" e incluso reconoció que han logrado centrar el foco del interés informativo. Pero reconozca o no tal preocupación, el Gobierno ha preparado un discurso agresivo y catastrofista contra la iniciativa del PSOE de concertar una alianza de gobierno con IU.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Piqué adelantó que "es muy difícil" que salga un programa de gobierno concertado entre la izquierda cuando la coalición de Francisco Frutos está en contra de la OTAN y del Pacto de Estabilidad europeo. A continuación, recordó cómo IU también está en contra del tren de alta velocidad y de la ampliación de los aeropuertos, así como a favor del aumento generalizado de los impuestos. Su conclusión fue que "todo ello generaría más paro" y que "sería una vuelta atrás", una vuelta, dijo, a la España del desempleo, del déficit y de la Seguridad Social en quiebra.

Piqué matizó su catastrofirmo señalando que con lo de la "vuelta atrás" no se refería a un regreso a los frentes populares de los años treinta -coalición de socialistas y comunistas frente al auge del fascismo-, sino a "a la aplicación de políticas regresivas". Señaló, en este sentido, que el último Gobierno socialista de Felipe González había aumentado el gasto público de tal modo que "puso en dificultades la entrada de España en el euro" y "dejó casi en quiebra" el sistema de pensiones.

Con el mismo tono preelectoral, aventuró que si España hubiese tenido estos cuatro años un Gobierno "a la francesa", de coalición entre socialistas y comunistas, habría habido más gasto público y en lugar de crearse 1.800.000 puestos de trabajo, se habrían creado sólo 600.000.

La política de alianzas del PSOE ocupó el siguiente capítulo de ataques preelectorales delportavoz. La calificó de "oferta multipolar, absolutamente errática, que produce una enorme confusión entre los ciudadanos", en alusión a los acuerdos del PSC para el Senado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los intentos del PSOE de extender su posible pacto con IU a los nacionalistas de CiU y Coalición Canaria (CC). Su conclusión fue que "así es imposible tener un programa coherente".

Pero las alianzas estratégicas del PSOE, más allá de suscitar críticas, han servido también para poner al desnudo la soledad del Gobierno del PP. Piqué trató ayer de transmitir confianza al anunciar que el Ejecutivo tiene intención de repetir el pacto parlamentario con CiU y CC.

En este sentido, aprovechó para reiterar su oferta de colaboración con ambas formaciones nacionalistas para la nueva legislatura aun en el supuesto, dijo, de que el PP "obtuviera mayoría absoluta". El portavoz del Gobierno adelantó que la base negociadora sería precisamente, como demanda CiU, un nuevo modelo de financiación autonómica. De esta alianza excluyó por "razones obvias" al PNV, a pesar de que el día anterior el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, se mostrara partidario de renovar los acuerdos con la fuerza que lidera Xabier Arzalluz.

La respuesta del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, no tardó en llegar. Desde Davos (Suiza), Pujol puso dos condiciones para reanudar la colaboración con el PP: que el nuevo modelo de financiación contenga el traspaso de la Agencia Tributaria y una nueva interpretación del Estatuto de Autonomía. El líder de CiU pidió además al Ejecutivo que, frente a la política de confrontación que mantiene ahora con el PNV, rectifique y no lo aísle porque "es un interlocutor necesario para la paz y la cohesión social".