Una audaz negociación entre Pimentel y Clos dio la vuelta a la subasta en 24 horas

Una tarde de teléfonos calientes entre el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Pimentel, fue decisiva para que, aprovechando el derecho de retracto, el parque de atracciones Tibidabo pase a ser propiedad pública e incluso que sea limpiado de otras hipotecas bancarias. Significativamente, la compra del Ayuntamiento fue saludada por el representante de Soros en España, Jordi Robinat, quien declaró que se siente "muy satisfecho de que Clos haya evitado un proceso que repercutía negativamente sobre la imagen de Barcelona".

El Ayuntamiento de Barcelona reaccionó después de que, a mediodía del jueves, un conocido subastero local (José Guindulain) comprase por 791 millones de pesetas las instalaciones del parque. Sus talones conformados fueron dados por buenos por la Seguridad Social, y se cerró la subasta.Poco después de que el intermediario disfrutase con una puesta en escena que fue especialmente misteriosa, el Ayuntamiento hacía saber su disgusto por la noticia. Fuentes municipales advertían que no permitirían operaciones a espaldas de lo que el consistorio piensa que debe ser el parque y sus inmediaciones.

Paralelamente a las advertencia contra operaciones inmobiliarias, el alcalde Clos negoció un acuerdo con Pimentel para que la Seguridad Social no aprobase el remate de la subasta, paralizase la adjudicación y permitiese al Ayuntamiento ejercer el derecho de retracto que conservaba sobre el parque. En pocas horas, el consistorio se había convertido en propietario de las instalaciones e incluso estaba dispuesto a liquidar las amenazantes subastas planteadas por bancos que reclamaban el cobro de créditos hipotecarios.

Cuando ayer por la mañana, Enric Bernat, el patriarca de Chupa-Chups, se decidía a dar un paso al frente y explicar que él era el tapado del subastero, la adjudicación ya era papel mojado. La compra por parte de Bernat había sorprendido ya que su última aventura empresarial fue la venta por una peseta de Iberia de Seguros a la Nueva Rumasa de José María Ruiz-Mateos, que acabaría con la empresa y dejaría en la calle a sus trabajadores.

Bernat se había ofrecido anteriormente al grupo del financiero Soros para participar en sus intentos de adquirir el parque y evitar la subasta.

Significativamente, el grupo del financiero Soros fue de los primeros en reaccionar positivamente ante la compra del Ayuntamiento. "Me alegro mucho aunque haya sido una sorpresa. Todo esto estaba siendo un escándalo para Barcelona", declaró Jordi Robinat.

El grupo Chupa-Chups tardó en reaccionar ante el anuncio de la compra por el Ayuntamiento. De una franca hostilidad se pasó después a un prudente "esperar y ver" si la oferta de Clos de hablar con el sector privado para que gestione el parque los tiene en cuenta.

La audaz maniobra del Ayuntamiento causó más confusión entre los pequeños accionistas de Grand Tibidabo. El abogado Javier Bruna, que afirma representar al 12% del capital, calificó de "jugada sucia aunque legal" la compra del parque por parte del Ayuntamiento y aseguró: "Es ridículo que Grand Tibidabo haya estado pidiendo ayuda a las administraciones y que ahora sea el Ayuntamiento el que se apropie de los únicos activos valiosos que nos quedaban a los accionistas".

"Al Ayuntamiento le ha faltado sensibilidad", señaló el letrado, quien anunció que su grupo estudia "medidas legales y actuaciones de presión contra las autoridades municipales". Insistió en que "no se puede plantear esto como Bernat pierde y Clos gana; aquí los únicos que lo han perdido todo han sido los pequeños accionistas de Grand Tibidabo". Patsa era la filial más rentable de Grand Tibidabo, empresa cuya descapitalización por la gestión de Javier de la Rosa investiga la justicia. Grand Tibidabo presentó quiebra voluntaria el pasado mes de octubre.