El Ayuntamiento de Barcelona compra el Tibidabo tras ejercer el derecho de retracto

El Ayuntamiento de Barcelona será el propietario del parque Tibidabo, adjudicado el pasado jueves por 791 millones de pesetas a un subastero que actuaba en nombre de la familia Bernat, propietaria de la empresa Chupa-Chups. Tras la celebración de la subasta, el alcalde, Joan Clos, propuso un acuerdo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Pimentel, para ejercer el derecho de retracto en el remate de la subasta por el que el parque pasará a manos municipales. El Ayuntamiento invertirá 1.000 millones de pesetas en hacerse con el parque, que será gestionado por el sector privado.

La propiedad del parque de atracciones Tibidabo dio un giro inesperado ayer cuando se supo que el Ayuntamiento de Barcelona, que no veía con buenos ojos que un parque tan emblemático quedara en manos de la iniciativa privada, decidió adquirir finalmente las 14 hectáreas que ocupa así como el funicular de acceso.El alcalde comunicó el acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al término del pleno municipal celebrado ayer: "He pedido al ministro Pimentel que ejerza el derecho de retracto en la subasta del parque y que éste pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que afrontará la liquidación del precio fijado en la subasta, 791 millones de pesetas". Sin ocultar la satisfacción por el acuerdo alcanzado, Clos reiteró que el futuro del Tibidabo "está asegurado".

En realidad, el Ayuntamiento deberá abonar los 791 millones de la adjudicación de la subasta más otros 218 millones pendientes de unas hipotecas bancarias. El alcalde justificó ante el plenario que la solución propuesta era la única para garantizar la existencia del parque de atracciones Tibidabo: "El Ayuntamiento ha querido preservar y tomar posesión de un espacio muy simbólico, de un patrimonio ciudadano en el techo de la ciudad cuya propiedad ha estado sujeta a demasiados vaivenes y ha ofrecido un triste espectáculo en los últimos años. Había que acabar con una situación que ponía en peligro el futuro del Tibidabo".

Desde el Ayuntamiento se insistía ayer en la "absoluta" corrección y legalidad del acuerdo con la Seguridad Social después de la subasta para garantizar la tutela pública del terreno en el que se levanta el parque.

Las subastas de las administraciones públicas, como las de la Seguridad Social, prevén que, durante un periodo de tiempo, otra administración pueda ejercer el derecho de retracto e impedir la cesión del remate al que se llegue en la subasta.

A las preguntas de por qué el consistorio no intervino antes y esperó hasta la celebración de la tercera y definitiva subasta del parque, Clos argumentó que el Ayuntamiento no podía interferir en un proceso como una suspensión de pagos que afecta a la matriz del grupo propietario del parque, Grand Tibidabo. Otras fuentes puntualizaron que el consistorio aguardó a saber cuál era el precio de la adjudicación de la subasta, que en principió comenzó por 1.600 millones y se adjudicó por la mitad (791millones).

Lo cierto es que la tarde del jueves fue especialmente movida tanto para el alcalde como para el gerente municipal, Ramón Seró, que fueron quienes llevaron la negociación y los contactos con los ministros de Trabajo, Manuel Pimentel, y de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué.

La iniciativa del Ayuntamiento cogió por sorpresa al empresario Enric Bernat, que horas antes de que se hiciera público el acuerdo de Clos con Pimentel reconocía que el tapado que se había adjudicado las instalaciones del parque de atracciones centenario actuaba en su nombre. De hecho, a media mañana de ayer, portavoces de Chupa-Chups aseguraron que la compañía tenía proyectos de diversificación en ocio y que adquirir el parque a tan buen precio era una oportunidad para apostar por esta línea de negocios.