Las aseguradoras cifran en 15.000 millones los daños de Vandellòs I

Las compañías de seguros de Hifrensa, propietaria de la central nuclear Vandellòs I, cifraron ayer en 15.000 millones de pesetas los daños ocasionados por el incendio ocurrido hace 10 años en el juicio que se sigue en Tarragona por el accidente. Marcelino Martínez, perito del grupo de 95 empresas de seguros de Hifrensa, declaró que se trasladó a la central un par de días después del accidente y que se concluyó que el incendio fue debido a un fallo mecánico en la turbina. Por otra parte, una delegación de los socialistas de Tarragona visitó ayer la central nuclear para verificar su proceso de desmantelamiento por parte de Enresa, que definieron como "riguroso, correcto y bien planificado". Sin embargo, los dirigentes del PSC de Tarragona consideran que "alguna responsabilidad existió" en el incendio, y por ello reclaman una sentencia condenatoria.

Responsabilidad penal

El primer secretario del PSC de Tarragona, Xavier Sabaté, tras asegurar su respeto por las decisiones judiciales, consideró ayer el accidente acaecido en la central nuclear de Vandellòs I como "muy grave", por lo que, según afirmó, su partido no entendería una sentencia absolutoria para los responsables del complejo nuclear y del CSN en el juicio que contra ellos se celebra estos días en la Audiencia de Tarragona. Sabaté se refirió al proceso para afirmar que éste "debería delimitar las responsabilidades que existieron en el accidente y que son graves, porque grave fue el siniestro".

La delegación de los socialistas, encabezada por el presidente de la Comisión de Industria del Congreso, Miquel Barceló, anunció la presentación de dos iniciativas parlamentarias basadas en su preocupación por la seguridad de las centrales tras los procesos de privatización y liberalización de la energía eléctrica, y por la necesidad de crear planes estratégicos económicos para superar los monocultivos industriales nucleares en las zonas en las que se implantaron complejos atómicos, cuyo periodo de explotación se limita a los 40 años.