La ex juez Ramírez

Como ha sucedido con los jueces que prevarican, tampoco parecían existir hasta no hace mucho los jueces merecedores de expulsión de la carrera judicial por faltar gravemente a sus obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones. Pero haberlos, haylos. Desde hace algunos años esta sanción severa, pero prevista en la ley, como lo está el delito de prevaricación en el Código Penal, comienza a aplicarse: resulta que algunos jueces hacen tal dejación de sus deberes que, por el bien de la justicia y de los justiciables, no merecen seguir siendo jueces. Ha sido el caso de la ex juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, a la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido separar de la carrera judicial por no haberse abstenido en un procedimiento de quiebra de la empresa Puerto José Banús de Andalucía la Nueva, SA, relacionada con negocios familiares, y por haber dado un trato de favor al Ayuntamiento de Marbella incompatible con la imparcialidad exigible a un juez.La ya ex juez Ramírez había sido suspendida cautelarmente en julio pasado, abriéndosele dos expedientes informativos por otras tantas faltas muy graves:ejercer en una ciudad de menos de 100.000 habitantes como Marbella, en la que familiares directos (padre, hermano y marido) tienen negocios y/o actúan ante los tribunales, lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera un supuesto de incompatibilidad legal, y actuar en casos relacionados con sus familiares, lo que contraviene una de las causas de abstención que obligan a jueces y magistrados. El Consejo del Poder Judicial considera probado que la ex juez Ramírez cometió ambas faltas, aunque se la expulsa de la carrera sólo por la segunda. Por la primera se la suspende por un año en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Judicial ha juzgado mucho más grave, dentro de la máxima gravedad de las dos faltas, la de no haberse abstenido Ramírez en una causa en la que tenía, como mínimo, un interés indirecto. En el expediente se da como probado que "las relaciones de las sociedades que los familiares de la magistrada han administrado, participado o representado se han desarrollado en algún caso con el Ayuntamiento de Marbella". Un ayuntamiento con el que, según se afirma, esas sociedades tenían suscritos convenios urbanísticos. De ahí que se le imponga la sanción más grave de las previstas en el orden disciplinario. De todas formas, si favoreció a una de las partes en la causa, el Ayuntamiento de Marbella, podría haber también materia de orden penal. No se trata, pues, sólo de una cuestión de ética, que, desde luego, lo es, como han alegado algunos de los vocales contrarios a la expulsión para justificar la impunidad de la conducta considerada, sino de una manifiesta vulneración de reglas básicas del estatuto del juez. Así lo ha apreciado la mayoría de vocales del Consejo.

Con su decisión, el órgano de gobierno de los jueces cierra un caso escandaloso que, si bien circunscrito a Marbella, ha puesto en entredicho durante más de una década a la justicia como poder independiente del Estado de derecho. Cabe denunciar, en todo caso, la pasividad con que actuó el anterior Consejo Judicial cuando aparecieron los primeros indicios de lo que estaba pasando, así como los reflejos corporativos del grupo de vocales que han votado en contra de la expulsión, lanzando el mensaje verdaderamente preocupante de que una actuación judicial como la que durante años ha sido piedra de escándalo en Marbella no desentona de la función de juez. Pero sería el colmo del escándalo que esos reflejos, minoritarios en el seno del CGPJ, cristalizaran más tarde en decisiones jurisdiccionales que echaran por tierra los esfuerzos por limpiar la justicia de comportamientos que la empañan. No sería la primera vez que el corporativismo judicial se tomase la revancha, por vía de recursos, en instancias más receptivas a la presión gremial.