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Barcelona quiere construir 2.000 viviendas para jóvenes en solares de equipamientos

El Ayuntamiento de Barcelona desea impulsar la construcción de 2.000 viviendas de alquiler para los jóvenes barceloneses de bajo poder adquisitivo en una veintena de solares que el Plan General Metropolitano tiene reservados para equipamientos. Como ya sucedió con el plan de hoteles, el gobierno municipal quiere ampliar de nuevo la gama de los usos admisibles dentro de la calificación de equipamientos prevista en el plan general.

La calificación de equipamiento empieza a convertirse en el cajón de sastre donde desembocan proyectos que tienen poco que ver con el concepto que se acuñó en la normativa metropolitana aprobada en 1976. Ahora se pretende introducir la calificación 7hj, que fue presentada ayer por el primer teniente de alcalde de Urbanismo, Xavier Casas, como la llave que permitirá independizarse al colectivo social que tiene entre 20 y 30 años. La nueva calificación ha despertado gran interés entre los alcaldes de L'Hospitalet de Llobregat,Cornellà y Sant Adrià de Besòs, socialistas, a los que podrían sumarse otros del área metropolitana igualmente preocupados por ofrecer alternativas de vivienda a los jóvenes cuyos ingresos no les permiten aspirar a un piso a precio de mercado.Si el plan de los hoteles fue polémico, todo apunta a que el plan de viviendas para jóvenes también dará mucho que hablar. Nadie discute la conveniencia de articular mecanismos que atiendan a las necesidades de vivienda de este segmento, pero los interrogantes surgen a propósito de si es preciso recurrir siempre al espacio reservado a escuelas o centros asistenciales para dar sastisfacción a las demandas urgentes.

Can Batlló y la Sagrera

Las asociaciones de vecinos fijan su atención en las viviendas nuevas que salen al mercado libre y que poco a poco van ocupando los escasos solares que quedan libres en Barcelona. En estas promociones, las viviendas sociales acostumbran a ser casi testimoniales, y en el mejor de los casos, la reserva para ellas es del 25%.

A preguntas de los periodistas, Casas manifestó ayer que los solares edificables de propiedad municipal se reservan para edificar pisos destinados a albergar a las familias afectadas por la ejecución de planes urbanísticos.

La nueva denominación acuñada por el Ayuntamiento -7hj- no será una realidad inmediata y como el resto de las modificaciones urbanísticas ahora en marcha, entre ellas la del futuro Poblenou y la del frente marítimo del Besòs, tardará entre seis y nueve meses en ser tramitada y aprobada. Por eso, Casas calculó que las obras de las viviendas no podrán empezarse antes de un año.

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Para edificar 2.000 pisos se precisarán entre 20.000 y 25.000 metros cuadrados de suelo diseminados en una veintena de solares, cada uno de ellos de una superficie de 1.000 o 1.500 metros, según las estimaciones del edil socialista. Aunque aún falta por decidir la ubicación de la mayoría de ellos, sí se prevé que algunas de las fincas estén situadas en los terrenos de la antigua fábrica textil de Can Batlló y en Sant Andreu-Sagrera, siempre que no se necesiten para otros usos sociales.

Los pisos que se pondrán a disposición de los jóvenes que reúnan las condiciones exigidas tendrán unos 50 metros cuadrados y contarán con una serie de servicios comunitarios poco usuales, como lavandería y lugares de reunión y estudio. Los alquileres serán de unas 35.000 pesetas mensuales.

Casas invitó tanto a las cooperativas sindicales de viviendas como a las impulsadas por comunidades de vecinos a participar en el proyecto con el Patronato Municipal de la Vivienda.

El Ayuntamiento confía en que la promoción se beneficiará de las ayudas asignadas al Plan Nacional de la Vivienda, así como de las que aporta la Generalitat. En este sentido, Casas instó a la Administración central y a la autonómica a que contribuyan a sufragar los costes, ya que los programas electorales de todos los partidos que las gobiernan defienden políticas casi idénticas en lo relativo a las viviendas de alquiler para las parejas jóvenes.

El gobierno municipal no tiene decidido aún si desarrollará un plan global para toda la ciudad que concrete en qué solares calificados de equipamientos sería posible levantar dichos pisos o si finalmente se inclinará por solicitar que las viviendas sociales para veinteañeros se consideren equipamiento residencial. La primera modalidad está inspirada en el plan de hoteles y para la segunda no es preciso concretar previamente la localización de los inmuebles, sino que basta con un plan especial que estudiar para cada proyecto. Ésa es la fórmula preferida por el teniente de alcalde de Urbanismo, según quedó claro en las explicaciones que ofreció ayer. Casas descartó que la iniciativa pueda suscitar recelos entre los promotores ya que se trata de un producto nuevo que no está en el mercado. El primer teniente de alcalde discrepó abiertamente de los promotores que recientemente han cifrado en unas 6.000 las viviendas nuevas que pueden hacerse en Barcelona. "Caben muchas más", sentenció Casas, quien se refirió a las cerca de 8.000 viviendas previstas en la zona de Sant Andreu-Sagrera.

Según el proyecto presentado, el suelo siempre mantendrá la titularidad pública para garantizar el control y el carácter social de la actuación. También se prevé que los particulares que posean solares calificados de equipamientos puedan acogerse a esta nueva figura -7hj- siempre que los cedan a la municipalidad.La gestión de las viviendas puede recaer en una empresa privada mediante la concesión o derecho de superficie.

Control público

La anunciada promoción de viviendas de alquiler en terrenos calificados de equipamientos suscitó ayer opiniones favorables siempre que se mantenga la titularidad pública del suelo y del edificio. Una de ellas es la del urbanista Ferran Navarro, que lleva bastantes años propugnando que "la vivienda pública, entendiendo como tal la de alquiler, sea considerada equipamiento". Sin embargo, plantea una serie de condiciones para evitar que la iniciativa se convierta en una mera forma de justificar que se actúa, de trasladar el problema a otros y de propiciar que los particulares hagan negocio. En opinión de Navarro, no hay duda de que la mejor forma de controlar el proceso es que la gestión sea totalmente pública, a cargo de organismos como el Patronato Municipal de la Vivienda. A su juicio, si la gestión recae en una empresa privada, se dispara el riesgo de que se especule. El arquitecto opina que no sería la primera vez que, en casos similares, el alquiler real que se cobra supera con creces al que se estipula oficialmente.Navarro se formula otro interrogante: ¿de qué forma se compensará a los residentes de la zona a la que se priva de un equipamiento comunitario en beneficio del que disfrutarán sólo los futuros inquilinos de las viviendas?

Según otras opiniones, como la del abogado José Molina, que ha llevado las demandas judiciales más populares de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, el derecho a la vivienda de colectivos necesitados debe considerarse de interés general siempre que no reste espacio a otros equipamientos, como las escuelas y los hospitales, entre otros. Pero tanto Molina como Navarro ven con buenos ojos que se amplíe el concepto de equipamiento.

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